
Dejará Gobierno de la Primavera Oaxaqueña sin auditar millonario saqueo en el proyecto Citybus ▶
El combate a la corrupción en el gobierno de la Primavera Oaxaqueña se traduce sólo en un simple discurso, nada en los hechos.
Y es que la Secretaría de la Honestidad, Transparencia y Función Pública (antes llamada Secretaría de la Contraloría) únicamente auditará el 10 por ciento de los recursos gastados en el proyecto del Citybus, monto que ascendió entre los 860 millones y los mil millones de pesos.
Lo anterior representa que la dependencia sólo auditará 106 millones de pesos que surgieron del endeudamiento por 3 mil 500 millones de pesos que el Congreso de Oaxaca autorizó en 2019 al gobierno de Alejandro Murat. El proceso de revisión comenzó en marzo pasado y tendrá una vigencia de ocho meses.
El argumento de la secretaría de la Honestidad, Leticia Elsa Reyes López, es que la mayor parte de los recursos federales erogados en ese proyecto son federales, por lo que ya tuvieron que haber sido fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación.
A pesar de los múltiples señalamientos de corrupción que recaen sobre esa obra, el gobierno anterior del priista Alejandro Murat Hinojosa no dejó abierta ninguna investigación en contra de los responsables de ejecutar el proyecto del Citybus, un nuevo modelo de transporte que no se ha echado andar después de más de ocho años, por resultar inviable.
La titular de la Secretaría de la Honestidad admitió que la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (ASFEO) no llevará a cabo en 2023 auditorías relacionadas con el Citybus y señaló que la única instancia que hasta el momento cuenta con observaciones al proyecto es el área jurídica de la Secretaría de Movilidad (Semovi).
Sobre los 106 millones de pesos que serán auditados, la funcionaria dijo que en caso de que se confirmen irregularidades en torno, específicamente, a la utilización de esos recursos, la Secretaría de la Honestidad turnará los casos al Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca o, en su defecto, a la Fiscalía Anticorrupción, para que esta última instancia continúe con las indagatorias y promueva la liberación de las órdenes de aprehensión.

