Decreto para despedir a los mil 344 burócratas estatales es inconstitucional; gobierno de Oaxaca debería negociar: Toro Ferrer
El abogado Enrique Toro Ferrer aseguró que el Decreto 24 del Congreso de Oaxaca es inconstitucional, ya que contraviene el artículo 123, apartado B, fracción IX de la Constitución Federal. Este artículo establece que ningún trabajador puede ser despedido sin causa justificada. Además, el abogado afirmó que la Ley de Servicio Civil, en la que se fundamenta el decreto, está por debajo de la Constitución y viola derechos humanos al no contemplar procedimientos de defensa para los afectados.
Entrevistado por reporteros, Toro señaló irregularidades en el proceso legislativo que aprobó el decreto, destacando la falta de discusión en comisiones y la aprobación inmediata sin análisis. Según él, el decreto tiene fines políticos, como influir en elecciones sindicales. Además, se alegó falta de recursos financieros, a pesar de que el presupuesto estatal para 2025 ya había sido aprobado y contemplaba los salarios de los empleados.
El abogado criticó que no se realizó ninguna investigación caso por caso antes de despedir a los mil 344 empleados afectados, muchos de los cuales fueron acusados sin pruebas de haber comprado sus plazas. Consideró que el problema es de índole constitucional y no laboral, y cuestionó por qué no se sancionó primero a quienes se enriquecieron vendiendo plazas.
La notificación de despido se hizo a través del Periódico Oficial, lo cual, según Toro, es ilegal y viola derechos humanos. Dado que solo un grupo específico de empleados fue afectado, las notificaciones debieron ser personales.
Aunque algunos jueces federales desecharon los amparos interpuestos, existen recursos legales como la queja, que ya han comenzado a revertir decisiones desfavorables. Otros jueces concedieron suspensiones provisionales, ordenando el pago del 30% del salario y la restitución del servicio médico para los trabajadores despedidos.
Algunas suspensiones definitivas ya han sido otorgadas, obligando al gobierno a continuar pagando el 30% de los salarios y garantizando los servicios médicos de los afectados. Sin embargo, estas medidas no implican la reincorporación inmediata de los empleados a sus puestos de trabajo.
Si los trabajadores ganan los juicios de amparo, el gobierno del estado deberá restituirlos en sus puestos, pagarles las prestaciones adeudadas de forma retroactiva y no podrá reclamar el 30% ya entregado. Toro advirtió que este escenario podría generar un gasto mayor que mantener a los empleados en sus posiciones desde un principio.
El abogado sugirió al gobierno de Oaxaca buscar un acuerdo con los trabajadores despedidos, para evitar un conflicto mayor. También recomendó investigar y sancionar a los responsables de vender plazas, quienes, según él, son los verdaderos culpables y no los empleados afectados.
