De papel, la ciberseguridad del Gobierno de Oaxaca; ahora los «Hackers guerrilleros» infiltraron servidores de la AEI
El gobierno de Oaxaca enfrenta una crisis sin precedentes en materia de ciberseguridad, luego de que un grupo de hackers lograra infiltrarse en los servidores de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). La organización, autodenominada “Hackers Guerrilleros”, accedió a información confidencial y filtró información que comprometen a diversas figuras públicas, poniendo en duda la seguridad digital de las instituciones estatales.
Entre los afectados por la filtración se encuentran Arturo Peimbert Calvo, exombudsman y exfiscal de Oaxaca, y su esposa, Vivianne Michelle Moorman Gómez. Los documentos divulgados contienen información sensible como direcciones particulares, números telefónicos, registros de propiedades y placas de vehículos. La revelación de estos datos ha generado preocupación sobre los riesgos que enfrentan las personas expuestas.
Uno de los elementos más controversiales de la filtración es la ficha de inteligencia sobre Moorman Gómez, en la que se detallan sus ingresos cuando fue secretaria particular del exgobernador Gabino Cué. Según los documentos, su salario mensual ascendía a 78,779 pesos, con un bono adicional de 34,870 pesos. Esto ha generado especulaciones sobre el tipo de vigilancia que la AEI mantenía sobre ella y su esposo.
Además de los datos personales, los documentos filtrados incluyen información sobre vehículos registrados a nombre del matrimonio. Entre ellos figuran automóviles y motocicletas, lo que amplía el impacto de la filtración y eleva los riesgos de seguridad para los afectados.
El grupo de hackers ha defendido su acción como una protesta contra las estructuras de poder en Oaxaca. Afirman que su objetivo es exponer la corrupción y promover la justicia social para los pueblos originarios. Sin embargo, su método ha sido criticado, ya que la filtración pone en riesgo a personas que podrían no estar directamente relacionadas con los casos investigados por la AEI.
La magnitud de la vulneración sugiere que los hackers lograron un acceso profundo a los archivos de la AEI, lo que ha generado cuestionamientos sobre la protección de los sistemas digitales gubernamentales. Hasta el momento, las autoridades estatales no han dado una respuesta oficial ni han explicado qué medidas tomarán para evitar nuevos ataques.
El caso de Peimbert Calvo es especialmente delicado, ya que su papel como fiscal durante la administración de Alejandro Murat lo coloca en una posición clave dentro del aparato estatal. La exposición de información sobre su esposa añade una dimensión adicional al hecho y plantea interrogantes sobre el uso y almacenamiento de datos por parte de las autoridades.
El ataque no se limitó a información sobre exfuncionarios y sus familias. También se filtraron expedientes de investigación, registros operativos y comunicaciones personales. Entre los documentos más destacados se encuentran datos extraídos del teléfono de David Concha Suárez, exdirector administrativo de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), quien actualmente está desaparecido.
Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre cómo ocurrió la infiltración ni qué mecanismos utilizaron los atacantes. Expertos en ciberseguridad han advertido que esta brecha de seguridad es una de las más graves registradas en Oaxaca y han señalado la urgencia de mejorar la protección digital de los sistemas gubernamentales.
El grupo de hackers ha justificado su acción como parte de una lucha contra la corrupción, pero su filtración ha dejado una crisis de confianza en la administración estatal. La falta de claridad sobre sus verdaderos objetivos y el impacto de la exposición de datos han generado incertidumbre entre la ciudadanía
El ciberataque, confirmado este miércoles, dejó al descubierto miles de expedientes de investigación, entre los que se encuentran registros operativos, comunicaciones personales y documentos de casos en curso. Uno de los elementos más destacados de la filtración es la extracción de datos del celular de David Concha Suárez, exdirector administrativo de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), quien actualmente se encuentra desaparecido. La Fiscalía detuvo a los presuntos responsables de su asesinato, pero no ha encontrado su cuerpo.
Aunque no se han revelado los detalles técnicos de la infiltración, las autoridades han reconocido que se trata de una brecha de seguridad sin precedentes en la historia del estado. Este nuevo ataque ha puesto en entredicho la capacidad del gobierno para proteger información crítica, además de generar inquietud entre funcionarios y ciudadanos sobre la vulnerabilidad de los sistemas digitales estatales.
Los documentos sustraídos comenzaron a circular en línea desde la noche del martes, aumentando la presión sobre el gobierno de Oaxaca, que hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento oficial. El silencio de las autoridades ha avivado la incertidumbre y ha dificultado la evaluación precisa del impacto que esta filtración tendrá en las investigaciones de la AEI.
Expertos en ciberseguridad señalan que esta filtración supera cualquier otra registrada en la entidad, pues además de exponer información confidencial, el incidente ha evidenciado fallas estructurales en la protección de datos gubernamentales, lo que podría incentivar nuevos ataques si no se toman medidas correctivas con urgencia.
