Crisis política en Sinaloa: gobernador Rocha y alcalde de Culiacán solicitan licencia por acusaciones estadounidenses
La crisis política en Sinaloa escaló a nivel internacional tras confirmarse, la madrugada de este 2 de mayo, que el gobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo en medio de acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con reportes recientes, la decisión no constituye una renuncia definitiva, sino una separación provisional del cargo para facilitar las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República, luego de que autoridades estadounidenses presentaran cargos formales contra funcionarios sinaloenses de alto nivel.
El detonante ocurrió el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de fiscales en Nueva York, acusó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de conspiración para narcotráfico, tráfico de fentanilo y corrupción institucional.
Las acusaciones sostienen que los implicados habrían protegido operaciones del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción conocida como “Los Chapitos”, a cambio de sobornos, filtración de información policial y facilidades para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
En respuesta, Rocha Moya negó categóricamente los señalamientos, calificándolos como “falsos y dolosos”, y afirmó tener “la conciencia tranquila”. Su solicitud de licencia fue presentada el 1 de mayo ante el Congreso local para permitir el desarrollo de las indagatorias.
La licencia temporal busca, según el propio mandatario, no interferir con las investigaciones federales mexicanas, en un contexto donde la FGR ha solicitado más pruebas a Estados Unidos antes de proceder con cualquier acción judicial o posible extradición.
De manera paralela, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también solicitó licencia temporal, inicialmente por un periodo de diez días, lo que profundizó la crisis institucional en el estado.
El Cabildo de Culiacán aprobó la separación del cargo y designó a Ana Miriam Ramos Villarreal como alcaldesa provisional, quien rindió protesta de manera inmediata para garantizar la continuidad administrativa en la capital sinaloense.
En el mismo expediente figura el senador Enrique Inzunza Cázarez, quien también rechazó las acusaciones. Reportes señalan que, tras su aparición en el Senado, dejó de ser localizado públicamente, lo que ha generado especulación sobre su situación jurídica.
El caso ha generado tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la presunción de inocencia y cuestionado la falta de pruebas, calificando el proceso como un posible acto de injerencia externa.
Hasta el momento, no se han ejecutado detenciones, y el proceso continúa en desarrollo. La solicitud de licencias temporales busca contener el impacto político inmediato, aunque sectores de oposición han exigido renuncias definitivas ante la gravedad de las acusaciones y sus implicaciones para la gobernabilidad.
