Corrupción y tolerancia de Semovi fomentan anarquía del mototaxismo en #Oaxaca, exponiendo seguridad de pasajeros
La crisis de transporte en el estado de Oaxaca ha escalado a niveles alarmantes bajo la sombra de la corrupción institucional. Mientras la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Policía Vial del Estado simulan orden, la realidad en las calles revela una anarquía absoluta que compromete la integridad ciudadana.
Desde el año 2020, el gobierno estatal perdió el control real sobre el padrón de concesiones otorgadas en la entidad. A pesar de que la ley prohibió nuevos títulos de mototaxis, el crecimiento desmedido de unidades piratas demuestra que la complicidad oficial permite la saturación ilegal de las vialidades.
Las cifras oficiales son un laberinto de inconsistencias que ocultan la magnitud del problema en las ocho regiones. Aunque Semovi estimaba trece mil concesiones históricas, la cifra real de unidades duplica esa cantidad, operando bajo la figura de «toleradas» gracias a sobornos directos a inspectores de vialidad.
El municipio de Juchitán de Zaragoza destaca como el epicentro de este caos motorizado fuera de control oficial. De las más de siete mil unidades que transitan diariamente en el Istmo, apenas el treinta por ciento posee documentación reglamentaria, dejando a miles de usuarios sin seguro vigente.
La situación se replica con violencia en otros veinticinco municipios conurbados a la capital oaxaqueña sin respuesta estatal. La impunidad ha permitido que estos vehículos invadan peligrosamente carreteras federales, donde su fragilidad estructural se traduce en accidentes fatales recurrentes que quedan impunes por falta de regulación.
La omisión de la Policía Vial es criminal al permitir que conductores sin capacitación operen en arterias principales. La corrupción administrativa en Semovi ha convertido la regularización en un negocio privado, donde la seguridad de los pasajeros es la moneda de cambio para enriquecer a funcionarios del sistema.
Actualmente no existe una cifra pública actualizada que brinde certeza sobre cuántas unidades operan realmente en 2026. El vacío informativo es una estrategia deliberada para evitar la fiscalización de recursos que generan estos vehículos irregulares, los cuales alimentan las cajas chicas de diversas organizaciones y sindicatos.
Los censos realizados en el 2025 confirman que la mayoría de los mototaxis operan con concesiones ya vencidas. Miles de propietarios se encuentran en un limbo jurídico que las autoridades aprovechan para extorsionar, mientras el esquema de nuevas constancias avanza con una lentitud que favorece la desobediencia.
En el corazón de la capital, el problema ha comenzado a desbordar las colonias populares hacia el centro. La falta de un transporte público eficiente obliga a la población a utilizar vehículos inseguros, convirtiéndose en víctimas potenciales de un sistema que prioriza el control político sobre la vida.
Las organizaciones que agrupan a estos transportistas actúan como ejércitos de presión ante cualquier intento de reforma. Semovi ha demostrado incapacidad para enfrentar a estos grupos, cediendo ante chantajes que perpetúan la circulación de unidades «piratas» que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad mecánica.
El riesgo de muerte es una constante para quienes abordan un mototaxi en los caminos de Oaxaca. Sin placas oficiales y sin registros confiables, los responsables de atropellamientos suelen darse a la fuga con total facilidad, amparados por la red de complicidad que tejen los agentes corruptos.
La sustitución de concesiones por registros de corta vigencia parece ser otra medida recaudatoria sin fondo real. Mientras el censo detecta pocas unidades legales en Juchitán, la autoridad permite que miles sigan cobrando tarifas sin restricción alguna, alimentando un ciclo de anarquía institucionalizada que resulta insostenible.
La demanda de transporte en zonas rurales no justifica la negligencia de permitir unidades en estado deplorable.Muchos de estos vehículos circulan sin luces o con frenos deficientes, todo ante la mirada indiferente de patrullas estatales que solo se acercan para cobrar la famosa cuota de tolerancia.
Oaxaca se encuentra ante una bomba de tiempo social y vial debido a esta negligencia sistemática acumulada. La falta de un padrón confiable en 2026 impide diseñar políticas de movilidad serias, dejando al ciudadano a merced de conductores agresivos y una autoridad que prefiere el soborno.
Es urgente que el gobierno estatal limpie de raíz la corrupción en la Semovi y la Policía Vial. La vida de los oaxaqueños no puede seguir dependiendo de un servicio clandestino solapado por el poder, donde la anarquía es la norma y la muerte es el saldo.
