Corrupción en verificentros de #Oaxaca convierte trámite ambiental en negocio ilegal, mientras autoridades permanecen en silencio
La verificación vehicular en Oaxaca, que debería ser un trámite sencillo para contribuir al cuidado ambiental, el gobierno de Salomón Jara lo ha transformado en un verdadero tormento para los automovilistas. Lejos de garantizar eficiencia y transparencia, el sistema está marcado por la corrupción y el abuso, convirtiéndose en un negocio más cuando se trata de un servicio público.
En los 24 verificentros instalados en las ocho regiones del estado, se repite una misma escena: largas filas, ciudadanos inconformes y operadores que lucran con la desesperación. Testimonios revelan que en los de Oaxaca de Juárez intermediarios ofrecen lugares en la fila a cambio de 500 a 800 pesos, mientras otros esperan horas bajo el sol.
La corrupción va más allá de las filas. En grupos de WhatsApp circulan paquetes de “verificación express” que cuestan entre dos mil y dos mil 500 pesos. El procedimiento es simplificado: basta enviar copia de documentos, placas y comprobante de pago para recibir el holograma, sin que el vehículo pase la prueba, lo que echa por tierra la supuesta “preocupación ambiental” del gobierno jarista.
Todo esto ocurre con la complacencia de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad. Bajo el discurso de la pesadilla en que se ha convertido la mal llamada “primavera oaxaqueña”, las autoridades han impuesto un sistema que premia al que paga más y castiga a quienes intentan cumplir con la verificación de manera regular.
La consecuencia es un doble perjuicio, ya que mientras ciudadanos desembolsan cantidades excesivas para evitar el calvario del trámite, el verdadero objetivo de la verificación, la reducción de emisiones contaminantes, queda en segundo plano. El proceso se convirtió en una simulación donde los intereses económicos pesan más que el cuidado del entorno.
Aunque la dependencia estatal decidió ampliar los plazos para cumplir con la verificación, el problema de fondo no es el tiempo. La raíz está en la corrupción que impera en los verificentros y en la falta de vigilancia efectiva por parte de las autoridades encargadas de regular el servicio.
La ciudadanía reclama respuestas y exige sanciones: ¿Quién supervisa realmente a los verificentros? ¿Por qué la Secretaría de Medio Ambiente permite la venta de un servicio público? Hasta ahora, la opacidad y la impunidad parecen más sólidas que cualquier política ambiental, dejando en entredicho el compromiso del gobierno de Salomón .
