Corrupción en refinería de Salina Cruz, #Oaxaca: denuncian contratos millonarios y simulación de limpieza por Felipa Obrador
La refinería Antonio Dovalí Jaime de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, enfrenta graves acusaciones por negligencia ambiental. Al menos tres derrames de aguas aceitosas han contaminado las playas locales. Según denuncias, la petrolera estatal permite que las empresas contratadas simulen las labores de limpieza de vertidos.
Entre las compañías beneficiadas destaca Química Apollo, vinculada directamente a Felipa Obrador Olán, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta empresa ha recibido contratos millonarios bajo el esquema de saneamiento ambiental. No obstante, testimonios internos aseguran que los trabajos de recuperación de hidrocarburos son ficticios y sumamente peligrosos.
Aníbal Carrasco, extrabajador del complejo, denunció que Química Apollo no seguía los protocolos técnicos de seguridad. En lugar de procesar los residuos en cárcamos y tanques de almacenamiento, el personal simplemente movía el crudo de un sitio a otro. Esta práctica negligente provoca que los desechos terminen en el drenaje pluvial.
Esta manipulación inadecuada de los residuos inflamables ha generado consecuencias catastróficas, como incendios recurrentes en la zona. Carrasco relata que, durante las lluvias, las calles se transforman en ríos de gasolina que desembocan en el mar. La falta de un tratamiento real convierte a la refinería en una bomba.
El riesgo se materializó en 2017 y nuevamente en 2024, cuando vehículos causaron chispas al transitar por zonas inundadas de hidrocarburos. El denunciante sostiene que la omisión de las autoridades es deliberada para proteger negocios privados. Actualmente, el trabajador teme represalias graves y ha solicitado formalmente la protección del Estado.
La historia de impunidad comenzó en 2019, cuando Carrasco reportó las irregularidades a sus superiores inmediatos en la refinería de Pemex. En lugar de investigar la simulación, la gerencia optó por transferirlo de área para silenciarlo. Datos de transparencia revelan que Química Apollo recibió más de 253 millones de pesos sin resultados.
Tras ser removido al sector de Efluentes, Carrasco detectó un nuevo fraude: el cobro de tratamientos químicos que nunca se aplicaron. El 14 de abril de 2020 se le presionó para firmar pagos por servicios inexistentes. Los registros indican que este patrón de pagos fantasma continuó con otras empresas subcontratadas.
Cuando el gobierno federal prohibió contratar a Química Apollo por órdenes presidenciales, surgió la empresa Recursos Omega. Según la investigación, esta transición fue una simulación; Recursos Omega operaba con el mismo equipo y personal de la empresa de Felipa Obrador. El cambio fue meramente estético, utilizando otros uniformes de trabajo.
Incluso el Instituto Mexicano del Petróleo participó en esta red de subcontratación irregular al no poseer el equipo necesario. Mientras tanto, Carrasco fue confinado a una oficina vacía sin herramientas para laborar. Esta estrategia de aislamiento laboral buscaba doblegar su voluntad tras denunciar el persistente tráfico de influencias.
Sin rendirse, el extrabajador recopiló evidencias y contactó a la organización anticorrupción Qui Tam Mx para recibir asesoría legal. En 2024, el caso llegó a manos de Vania Pérez Morales, entonces presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción. El organismo publicó un estudio exploratorio que confirmó las múltiples fallas en Salina Cruz.
La investigación del SNA reveló que los contratos no estaban disponibles en el Portal Público de Pemex. Solo mediante recursos de revisión se descubrieron montos astronómicos: un millón de dólares para Apollo y 48 millones para el Instituto Mexicano del Petróleo. La opacidad gubernamental facilitó el desvío de fondos públicos.
Existen discrepancias graves entre los conceptos de los contratos publicados y los ejecutados realmente en la refinería. El estudio del Sistema Nacional Anticorrupción cuestiona la autenticidad de los servicios, dada la recurrencia de incendios y derrames. Es evidente que el dinero se pagó, pero el riesgo ambiental persiste.
Vania Pérez Morales calificó el caso como un ejemplo emblemático de «gran corrupción» y simulación de contratos públicos. Señaló que estas prácticas deberían ser auditadas exhaustivamente por la Auditoría Superior de la Federación. El involucramiento de la familia presidencial añade una carga política y ética de gran calado nacional.
A pesar de las pruebas, las autoridades intentaron descalificar al alertador para proteger la narrativa oficial de honestidad. Pérez Morales enfatizó que Carrasco fue despedido precisamente por cumplir con su deber ciudadano de denunciar el robo. El contubernio entre instituciones y empresas privadas vulneró la seguridad de los trabajadores.
Este escándalo contradice el discurso oficial de combate a la corrupción del sexenio pasado, evidenciando graves grietas administrativas. El caso de Salina Cruz queda como un testimonio de cómo el tráfico de influencias puede dañar el ecosistema. La justicia aún tiene pendiente sancionar a los responsables de esta tragedia.
* Con información de La Silla Rota
