Corrupción crece en Oaxaca por gobiernos permisivos que fallan en frenar abusos y castigar a los responsables
Lejos de disminuir, la corrupción en Oaxaca continúa creciendo y consolidándose como una práctica cotidiana dentro de instituciones públicas, alimentada por la permisividad gubernamental, la falta de castigos ejemplares y una débil voluntad política para desmontar redes de complicidad enquistadas en dependencias estatales, municipales y organismos autónomos del estado.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, confirman una realidad preocupante: Oaxaca se mantiene entre las entidades con mayores niveles de corrupción del país, exhibiendo un deterioro institucional que contradice discursos oficiales sobre transparencia y combate frontal al abuso.
En Oaxaca, 88.5 por ciento de la población considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes, cifra superior al promedio nacional de 84.1 por ciento. Este dato refleja una crisis profunda de confianza ciudadana hacia autoridades que, en lugar de servir, son percibidas como parte del problema.
La corrupción ya no es vista como un fenómeno aislado ni excepcional. Para miles de oaxaqueños se ha convertido en un costo adicional de sobrevivencia burocrática, donde trámites, permisos, servicios y gestiones públicas frecuentemente implican pagos indebidos, favores políticos o sometimiento a estructuras clientelares que normalizan prácticas ilegales profundamente arraigadas.
Uno de los indicadores más alarmantes coloca a Oaxaca en segundo lugar nacional en prevalencia de corrupción, con 20 mil 330 víctimas por cada 100 mil habitantes. Solo Hidalgo supera esa cifra. Esto significa que una proporción alarmante de ciudadanos sufrió directamente extorsión, soborno o cobros ilegales oficiales.
La incidencia también revela la magnitud del problema. Oaxaca registra 34 mil 966 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, muy por encima de la media nacional de 27 mil 438. No se trata solo de percepción, sino que los actos de corrupción están ocurriendo con frecuencia creciente frente a ciudadanos.
Detrás de estas cifras existe una constante incómoda: la corrupción prospera donde el poder se siente intocable. La ausencia de sanciones efectivas, auditorías contundentes y procesos penales sólidos ha permitido que funcionarios de distintos niveles operen con tranquilidad, sabiendo que difícilmente enfrentarán consecuencias por sus actos ilícitos en Oaxaca.
El discurso anticorrupción de los gobiernos estatal y municipales ha quedado reducido, en muchos casos, a propaganda institucional. Se anuncian campañas, códigos éticos y mecanismos de denuncia, pero los resultados concretos siguen siendo pobres. Mientras abundan promesas públicas, los ciudadanos continúan enfrentando ventanillas donde la corrupción ha sido normalizada por los servidores públicos.
La policía encabeza la percepción ciudadana de corrupción en Oaxaca con 85 por ciento, seguida por partidos políticos con 84.4 por ciento. Este dato ya no sorprende a los oaxaqueños, pues ambas estructuras concentran poder discrecional y contacto permanente con la población, convirtiéndose en espacios donde el abuso de autoridad encuentra terreno fértil diariamente.
Cuando las corporaciones encargadas de aplicar la ley son percibidas como corruptas, el mensaje social resulta desalentador, pues debilita el Estado de derecho, crece la impunidad y se fortalece la idea de que la justicia no depende de normas, sino de dinero, influencias o cercanía con el poder político.
Otro factor que alimenta este fenómeno son las barreras burocráticas. En Oaxaca, 36.8 por ciento de los ciudadanos reportó problemas durante trámites o solicitudes de servicios. Filas interminables, requisitos excesivos y procesos opacos no solo generan frustración; también crean condiciones ideales para que florezcan intermediarios, gestores y extorsionadores.
La digitalización gubernamental sigue en la “Edad de Piedra”, por decir lo menos. Mientras 55.1 por ciento de trámites ocurre en instalaciones oficiales, apenas 17.6 por ciento se realiza por internet. Esta dependencia del contacto presencial incrementa la exposición a sobornos y arreglos ilegales, pues reduce trazabilidad y facilita negociaciones fuera de controles administrativos formales.
Además del daño institucional, la corrupción genera un impacto económico severo. A nivel nacional, su costo alcanzó 17 mil 707 millones de pesos en 2025. Oaxaca, por su elevada victimización, contribuye significativamente a esa cifra. Cada soborno representa dinero arrebatado a familias que ya enfrentan carencias económicas severas.
La corrupción también alimenta otro problema central: la inseguridad. No es casual que el 65.5 por ciento de la población identifique la delincuencia como principal preocupación, mientras 57.6 por ciento señala la corrupción. Ambos fenómenos se retroalimentan porque instituciones corruptas reducen capacidad estatal para prevenir delitos y garantizar justicia efectiva.
Los datos del INEGI retratan una verdad incómoda para Oaxaca: la corrupción no disminuye, sino que avanza. Y seguirá creciendo mientras gobiernos estatales y municipales mantengan estrategias laxas, simuladas y políticamente convenientes. Sin castigo real contra los responsables, transparencia efectiva y voluntad auténtica, la corrupción seguirá gobernando desde adentro de las instituciones.
