Contratos millonarios del DIF Oaxaca benefician a empresas con polémicos antecedentes de corrupción a nivel nacional
De 2023 a 2025, el DIF de Oaxaca ha asignado contratos por más de 2,444 millones de pesos a dos empresas: Comercializadora Ingeborg y Don Cacahuato. Ambas compañías están vinculadas a un mismo grupo empresarial. Este grupo enfrenta serios señalamientos en otros estados por sobreprecios, presuntas irregularidades y entregas de despensas «fantasma», lo que genera controversia.
La investigación periodística de Miguel Ángel Maya Alonso revela que Don Cacahuato recibió 788.3 millones de pesos en 2023. En 2024, ambas empresas obtuvieron 767.9 millones. Para 2025, Ingeborg recibió de forma individual 888.6 millones de pesos. Estos contratos son para la adquisición de productos alimenticios y su reparto en las ocho regiones de Oaxaca.
Comercializadora Ingeborg, fundada en 2011, fue vendida en 2023 al Grupo Cimarrón Holding, con sede en Chihuahua. Teodoro Octavio Martínez Ruiz, quien es el líder de este grupo, también es el representante legal de Don Cacahuato. Esta conexión empresarial demuestra que las dos compañías operan bajo el mismo control, concentrando así los contratos del DIF.
Don Cacahuato y sus filiales tienen un historial polémico. En Zacatecas, legisladores acusaron a la empresa de recibir contratos por 192 millones de pesos a pesar de tener un historial de corrupción. En Nuevo León, la Auditoría Superior de la Federación detectó un posible daño al erario de 5.5 millones de pesos por entregas de despensas fantasma y contratos millonarios.
A pesar de los cuantiosos contratos y los antecedentes de las empresas, el gobernador Salomón Jara Cruz ha guardado silencio. La falta de transparencia sobre los precios, proveedores y procesos de licitación contrasta con su discurso de “austeridad” y combate a la corrupción. Este silencio levanta serias preguntas sobre la administración actual.
La red empresarial detrás de estas compañías incluye a más de 14 empresas bajo el paraguas de Grupo Cimarrón. Esta red revela un patrón de adjudicaciones a un mismo grupo en múltiples entidades. En Oaxaca, el monto de los contratos convierte a este caso en uno de los más grandes en la historia del estado, repitiendo un modelo de concentración de poder.
