CONTRAFUEGO … «Cofepris, exceso de indolencia y corrupción» por Aurelio Ramos
El Presidente López Obrador exhortó a la Corte “actuar a favor de proteger la salud del pueblo”. Debería ser atendido sin regateos, aunque no en el sentido de sus deseos sino al contrario.
¿Cómo? Mediante la emisión de un fallo orientado a proteger en serio la salud del pueblo, para lo cual se requiere la eliminación del joven sistema de etiquetado frontal de alimentos.
En modo alguno se trata de suprimir la vigilancia sobre los alimentos industrializados que se venden en nuestro país, sino más bien de fortalecerla, confiriéndole la rigurosidad que exige como alta y estratégica responsabilidad del Estado.
Más claro: Se necesita engavetar el etiquetado y en cambio depurar y sanear la Cofepris, convirtiéndola en un ente poderoso y realmente funcional, que asuma con eficiencia y sobre todo sin corrupción la tarea de control y vigilancia en este campo.
Tiene que ser así porque los industriales ya encontraron la manera de burlar las normas mediante la reformulación de sus productos. ¡No iban a resignarse a perder mercado quedándose cruzados de brazos!
Ya consiguieron sacarles la vuelta a las disposiciones por el camino no solo de la reducción, sino la total eliminación de substancias clasificadas como nocivas para la salud, sustituyéndolas por otras aún más perniciosas –en muchos casos prohibidas en otro países– pero sin mala fama, o enunciadas en fórmulas químicas indescifrables para el común de los consumidores.
Vale referir, a guisa de ejemplo, el caso del azúcar, que ha llevado la industria a crear toda una gama de bebidas zero, light y libres del dulce de caña, sustituido por incontables edulcorantes, fructosa, estevia y otras yerbas.
Productos estos, en su mayoría, que si de proteger la salud pública hablamos deberían ser clasificados como venenos. La historia se repite con incontables otros ingredientes.
La SCJN aplazó el miércoles por segunda ocasión el trámite de un amparo en revisión solicitado por una empresa —Desde el Corazón del Fruto, SA de CV– que combate el etiquetado frontal. Alega que vulnera sus derechos de igualdad y seguridad jurídica.
El proyecto de resolución del máximo tribunal ya fue elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Propone denegar el amparo, con base en un criterio incontrovertible:
La ley faculta a la Secretaría de Salud y otras autoridades sanitarias y de protección al consumidor para fijar reglas sobre la venta de productos que pueden dañar la salud.
El presidente de la República, la mayoría de ministros, legisladores, funcionarios y organizaciones civiles defienden la normatividad sobre etiquetado, expedida en octubre de 2020.
Tal medida, consistente en la colocación de letreros hexagonales con advertencias sobre exceso de calorías, azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas trans, ha resultado sin embargo de muy relativa utilidad.
La disposición carece de la drasticidad que se requiere ante el deplorable estado de la salud pública –primer lugar mundial en obesidad infantil y segundo en obesidad de adultos–, derivado de la inundación del mercado con productos chatarra y toda clase de porquerías ultraprocesadas.
Inundación de basura “alimenticia”, consentida y hasta prohijada por las sucesivas administraciones de la Cofepris, en particular la del del hoy futbolizado –presidente de la Liga MX– Mikel Arriola, en tiempos de Enrique Peña Nieto.
El aluvión de productos altamente nocivos para la salud pública ya se cierne como seria amenaza sobre la vasta y rica gastronomía mexicana, considerada por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Y, en especial, sobre la extensa, sabrosa y afamada cocina de Oaxaca –sin exageraciones la capital gastronómica de México—y otros estados como Yucatán, Michoacán y Jalisco.
A despecho del etiquetado, la industria global de la comida rápida y los productos ultraprocesados, apuntalados con la más moderna tecnología, los algoritmos y la inteligencia artificial, y la complicidad de las autoridades, prosiguen imparables su avance en perjuicio sobre todo de niños y jóvenes.
Entre las más recientes demostraciones de impune invasión de productos chatarra cabe mencionar el éxito de la denominada comida instagramable, de nula calidad nutritiva pero suma vistosidad en las redes.
Una modalidad –literalmente—de “comida para tirar”. Adquirida por su atractivo visual en internet, pero impasable aun para sus compradores, destinada por lo tanto al cesto de la basura.
Y está, igualmente, la exitosa irrupción en los mercados –el mexicano incluido– de vomitivas excentricidades tales como la hamburguesa de pollo frito empanizado con cheetos.
O, más repulsivas aún, las hamburguesas de tres pisos de carne, bañada toda en un mar de queso chedar, abundante tocino, cebolla caramelizada y papas fritas. Bombas de inmundicia que para ser manipuladas imponen la entrega al comensal de guantes de latex, aunque debería incluir servicio de ambulancia al pabellón de urgencias.
Estos son los “alimentos” que, debidamente bendecidos por las autoridades, están consumiendo nuestros niños y jóvenes. No –no todavía– en las colonias precaristas del país, donde dominan venenos menos costosos, sino –por ejemplo– en podrideros de las zonas más ricas como Polanco, Las Lomas, Condesa o la colonia Roma en la capital del país.
Por todo ello, la “protección de la salud del pueblo” tiene que ir ya, sin dilaciones, mucho más allá del inocuo etiquetado frontal que tanto y tan falazmente alebresta a industriales y comerciantes.
Debe hacerse de la vigilancia y la calibración de los riesgos sanitarios la más alta prioridad y responsabilidad del Estado.
Y, de la Cofepris –aquejada ahora de exceso de indolencia, tolerancia, corrupción e ineficiencia– el guardián por excelencia, confiable, competente e insobornable.
BRASAS
En esa partida naipes entre tahúres que es la alianza opositora, la derecha está jugándose su última carta. Y, todo apunta a una estrepitosa y merecida derrota.
La coalición armada por Claudio X. González, que ahora se llama Unidos o quien sabe cómo, volverá a juntarse para tratar de rescatar lo que se pueda en la elección de gobernador del Estado de México.
Se reunirá apergollando como a un rehén la reforma electoral, con la mira puesta en la captura de adhesiones políticas, cargos de elección, nombramientos burocráticos y todo lo que ulteriormente pueda convertir en dinero, contratos, asignaciones presupuestarias y prebendas.
Hicieron el anuncio del nuevo juego los coordinadores de diputados del PRI, PAN y PRD, todos con cartas bajo la manga; pero afanosos en hacerle creer al respetable que son leales y juegan limpio.
“Estamos aquí para decirles que vamos a votar en contra de la reforma electoral”, dijo Luis Espinosa, coordinador de la bancada del PRD, ese ente fantasmagórico que, cual Matlazihua, nadie –excepto algunos beodos– ha visto, pero hay quienes aseguran que existe.
Durante el anuncio el priista Rubén Moreira sonreía socarronamente, confiado en sus trampas y sabedor de que sus compromisos están pegados con babas.
El panista Jorge Romero celebró que los adversarios de la 4T juntarán la pedacería para rearmar la alianza y –según él– cuidar los órganos electorales. “Tal como nos lo ha pedido la gente”, dijo, mentiroso.
¡La nación entera ha podido ver que son los adversarios del gobierno federal quienes azuzan a los ciudadanos oponiéndolos a la reforma!
La vieja clase política busca atrincherarse en el Estado de México. De eso depende su permanencia en la arena y que sus líderes sigan prendidos a la umbre del Estado, viviendo del dinero de los contribuyentes.
De acuerdo con las encuestas, Morena lleva las de ganar, y en segundo lugar está no la derecha abierta del PAN sino el PRI, partido que podría alzarse con la victoria aliado con la morralla de otras formaciones.
El PAN, la derecha cada día más ultra, tiene nulas posibilidades de triunfo. Lo cual es una buena noticia. Este partido ya cumple 83 años y es tiempo de empezar a prepararle su lápida.
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Sale muy cara la ineptitud. Tan sólo este año el gobierno de José Murat Hinojosa compró gobernabilidad por 400 millones de pesos.
Extrapolado este monto a todo el sexenio, significaría la friolera de ¡2,400 millones de pesos!
Eso –comprar gobernabilidad– y no otra cosa significa el pagó realizado por Murat a dirigentes de organizaciones sociales, con la finalidad de que no convocasen manifestaciones y levantaran plantones y protestas diversas.
Que, en suma, le permitiera hacer eso que el junior de José Murat Casab denomina trabajar.
La develación del importe de la incompetencia corrió por cuenta del secretario general de Gobierno, Francisco García López.
Detalló que el dinero fue a dar a unas 180 o 200 organizaciones, de las cuales 15 o 20 son “las más importantes”.
El presumible costo sexenal de la inutilidad sería, así, superior incluso a la totalidad de recursos entregados por el gobierno federal en apoyos directos a damnificados por el huracán Agatha.
O sea, más de los dos mil 257.5 millones de pesos canalizados a 20,230 oaxaqueños que lo perdieron todo en 31 municipios.
El dinero entregado a líderes sociales fue en realidad echado a la alcantarilla; sirvió para cebar en oro a vividores del activismo, afianzó el chantaje político y contribuyó a eternizar el caos en que discurre la cotidianidad de los oaxaqueños.
El despilfarro del dinero público terminará el día en que nuestros funcionarios y políticos paguen de su peculio las consecuencias de su incapacidad.
Por ahora es pertinente preguntar si Salomón Jara Cruz reeditará la compra de gobernabilidad.
Si indagará sobre el volumen de recursos destinados a organizaciones sociales que en realidad se quedó enredado en el frondoso árbol de la corrupción gubernamental.
Y, si llega con verdadera voluntad de sancionar las fechorías, el descomunal endeudamiento, las obras inconclusas o malhechas –con deficiencias técnicas o materiales de desecho–, y la notoria deshonestidad practicada desde la más alta instancia de la administración muratista.
Por lo pronto, cabe asimismo exigirle a Jara la revocación del regalazo que Murat Hinojosa le hizo a su secretario particular, Alejandro Nassar Piñeiro, convirtiéndolo en notario público en los últimos minutos del partido.
Genuina prueba del ácido para el de Betaza, que deberá fortalecerse o enseñar el cobre.
RESCOLDOS
Se atribuye a Buda el haber dicho que aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Menudearon por estos días en nuestros lares demostraciones de tal contrasentido. Así se vio, por ejemplo, en el aquelarre ultraderechista que postuló candidato presidencial a Eduardo Verástegui, cuyos participantes desparramaron odio en contra del Presidente López Obrador. Nada, sin embargo, como la anónima señora que en la marcha del odio lo llamó indio pata rajada, naco y otras lindezas. ¿Habrá tenido el veneno efecto fulminante?
La contramarcha del domingo 27 convocada por el Presidente de la República podría ser la más gigantesca en la historia. Claro, si en su estimación se aplicase la fórmula con que Guillermo Valdés Castellanos –el encuestador de bolsillo de Calderón– calculó la concurrencia a la manifestación del domingo 13. O sea, si estimamos “cuatro gentes por metro cuadrado”. O, si de plano cuchareamos las mediciones como en 2006, cuando Valdés fue el único mercadólogo que avizoró la “victoria” del panista que terminó en robo de la voluntad popular…
aurelio.contrafuego@gmail.com
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