CONTRAFUEGO … «Ayotzinapa, 83 al bramadero» por Aurelio Ramos Méndez

El aparato político, mediático e institucional que apuntaló la mentirosa “verdad histórica” del caso Ayotzinapa se ha volcado a tratar de deslegitimar el informe de la comisión ad hoc que sustenta la captura de Jesús Murillo Karam como principal artífice y operador de aquella patraña.

Pierden el tiempo. La infame “verdad” fue enviada por el informe de modo tan contundente al cesto de la basura, que el Poder Judicial obsequió ¡83 órdenes de aprehensión!, en contra de individuos con cuyas declaraciones deberá afianzarse la nueva versión del deplorable episodio.

¿Crimen de Estado? Claro que sí. Las órdenes de captura atañen a empleados y altos funcionarios civiles y mandos del Ejército, incluidos generales, coroneles y oficiales de alta graduación, además de Murillo, quien ya está merecidamente tras las rejas.

Visto desde una perspectiva estrictamente cuantitativa y con nada más que el mero sentido común, el insólito número de indiciados denota dos obviedades:

Una, que el informe sustentante del murillazo está bien armado y con un duro revestimiento.

Dos, que la investigación fundamental de la falsa verdad estuvo tan mal articulada que dejó ¡83 cabos sueltos!

Es decir, personajes –no pensemos en sus rangos ni la calidad de sus dichos, solo en su número– a quienes el gobierno anterior no pasó por el tamiz de la valoración judicial.

Entre las más de ocho decenas de arreados al bramadero cualquiera de ellos podría exhibir una maquinación, si la hubiere.

Con lo cual quedaría desbaratada la nueva explicación sobre el destino de los 43 normalistas.

Es inimaginable, frente a tan patente riesgo, que los responsables de la indagatoria, empezando por los Alejandros, Encinas y Gertz Manero, y el Presidente López Obrador, puedan ser tan redondamente estúpidos como para exponerse a ser desenmascarados.

Debe, por lo tanto, darse por buena la nueva versión y esperar a que durante el juicio aflore una verdad demostrable y convincente.

Admítase, entretanto, conjeturar acerca de las razones por las cuales Murillo y sus compinches armaron la pulverulenta especie, que intentaron consolidar a punta de manipuleo de la información y cooptación –compra, mejor dicho– de medios y periodistas.

Resulta improbable que el Presidente Enrique Peña Nieto le haya ordenado al entonces titular de la PGR ensamblar una narración para resolver, formalmente aunque de modo mendaz, el caso.

Si algo así ocurrió, debió ser no por escrito sino de manera oral y sin dejar ni el más leve rastro, lo que significa que Murillo carece de respaldo documental para el remoto caso de que decida acogerse al criterio de oportunidad.

No le queda, pues, más que ser valiente y leal; no hay de otra. Porque es asimismo improbable que otros actores pudieran estar en conocimiento de semejante orden y, a la vez, en disposición de respaldar una eventual acusación a Peña Nieto.

Dada la idiosincrasia de nuestra clase política y gobernante, lo más probable apunta a que el exgobernador de Hidalgo se propuso quedar bien con el mandamás y urdió, por su cuenta y con la colaboración de otros agentes del Estado, la falsedad que hoy lo tiene en el Reclusorio Norte de la capital del país.

Lo habría hecho, claro, instalado en la ficción de que tenía todos los hilos del enmarañado asunto en sus manos y que la continuidad del binomio PRI-PAN en el poder estaba garantizada.

Y seguro, además, de que el tiempo jugaría a su favor y vencería la resistencia de los padres y deudos reacios a pasarse el intragable coctel de la “verdad histórica”.

Firme en la pretendida invulnerabilidad, Murillo se creyó su propia mentira. Confió en que la mendacidad, cuya trama y urdimbre llevaban su impronta, era no sólo una verdad histórica sino divina. Que nada perturbaría su buena conciencia.

Los progenitores de los muchachos, por su lado, virtualmente abandonados por los medios y desdeñados o de plano combatidos desde el poder público, exigieron en todo momento alumbrar los rincones más obscuros del caso.

Consiguieron así abrir los portones de cuarteles y comisarías, vencer complicidades, señalar a autoridades intocables y escuchar a testigos invisibilizados por las autoridades…

A despecho de lo que por medio de su poderoso megáfono sostiene la oposición, el informe contiene nuevos, reveladores, graves y determinantes detalles.

Suficientes para incriminar a funcionarios federales, policías y militares que, atenidos a las mentiras de Murillo, se pensaron inalcanzables para el brazo de la justicia.

El meollo del informe lo constituye la demostración de que fue maquinada una versión que machaconamente repetida en los medios, estuvo a punto de ocultar para siempre la realidad y cobijar a gran parte de los responsables de aquella tragedia. 

Y en el centro del podridero, la casi totalidad de los medios de información apuntalando el camelo de Murillo, con un puñado de periodistas que a estas alturas de la historia ya perdieron la vergüenza…

Un grupúsculo bien identificado y consolidado, infaltable protagonista del lado del poder en los episodios más nefastos y turbios de la historia nacional reciente.

Todo ello le confiere mayor mérito del que de por sí tiene la reciedumbre del juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, quien desdeñó las presiones del coro mediático y vinculó Murillo a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia. ¡Así se hace!

BRASAS

De algo tan sencillo como diferenciar en la radio y televisión la opinión de la información, los concesionarios de estos medios han hecho un pleito de ocho años con el Estado.

Sin embargo, cuando el improbable lector tenga entre sus manos esta columna la Corte quizá habrá resuelto, en definitiva, el litigio sobre este asunto.

Todo apunta a que el máximo tribunal confirmará la reforma a la Ley de Telecomunicaciones en la cual se impuso la obligación de hacer en las emisiones la diferencia mencionada.

Se trata de la reforma que una Legislatura aprobó en 2014 y otra abrogó en 2017, derogación ésta que la Primera Sala de la Corte declaró luego inconstitucional, lo cual enfureció a los dirigentes de la CIRT quienes exigieron la revisión del fallo por el pleno.

Separar información y opinión no es algo de otro mundo ni de dificultad extrema. De hecho, de allá venimos.

La nauseabunda mezcolanza de géneros periodísticos –opiniones disfrazadas de notas informativas y retazos de autos judiciales transcritos como crónicas o reportajes y pomposo periodismo de investigación– es anomalía de nuevo cuño.

La distinción había sido históricamente observada por los más emblemáticos periodistas radiotelevisivos, entre otros Jacobo Zabludovsky.

Antaño en los noticiarios se establecían la distinción mediante el simple procedimiento de agrupar en bloques los géneros. 

No se trata de coartar el derecho de los periodistas de decir lo que les venga en gana, sobre cualquier tema o personaje.

Se trata apenas de decirlo en el espacio que corresponde según el género, tal como por mínimo respeto a las audiencias recomiendan los cánones del oficio periodístico.

El batiburrillo de información editorializada que satura la atmósfera y aturde al país esconde el propósito de repetir mil veces la mentira –a lo Goebbels—con intención de hacerla realidad.

Bien mirado el asunto, la resolución de la Corte, cualquiera que sea su sentido, no solucionará el conflicto.

Dirigentes de la CIRT ya advirtieron que, de serles adverso el fallo, “no tengan dudas, acudiremos a instancias internacionales”.

Y, por el lado del gobierno, una resolución favorable difícilmente se hará cumplir. Nacerá muerta por falta de voluntad política para aplicarla.

Si voluntad hubiera de sanear el ambiente informativo, no se hubiese permitido que el director de Radio Fórmula, Gustavo Villarreal, se pasase por la faja una ley que debió haberlo dejado sin concesiones.

En la 4T todavía mandan los concesionarios.

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Sería para desternillarse de risa, si no fuera un duro golpe a la ecología y una exasperante demostración de ineptitud administrativa.

Para construir la nueva sede de la embajada estadunidense en la capital del país ya han sido derribados 86 de un total de 122 árboles maduros, sanos, frondosos.

Al ver decenas de tocones y troncos amontonados, opositores sistemáticos de la 4T incendiaron las redes con duras críticas a Claudia Sheinbaum y López Obrador.

Pero, quien otorgó el permiso para la tala fue la administración del perredista Miguel Mancera, en 2015, cuando el área de Medio Ambiente estaba a cargo de Tanya Müller.

El exjefe de gobierno consiguió pasar agachadito el vendaval, pero el panista alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, hizo el oso de su vida por cuenta del director Jurídico de esa demarcación, Gustavo García Arias.

Este bobalicón e imprudente funcionario negó en un video que la alcaldía también hubiera autorizado el derribo de los árboles, y hasta exigió a la jefa de gobierno “detener el ecocidio”.

Bots y copartidarios de Tabe se solazaron en el golpeteo, hasta que la administración capitalina informó que la delegación otorgó el Registro de Manifestación de Construcción tipo C con folio RMH-C-001-16 el 19 de febrero de 2016.

Que sean los ciudadanos quienes critiquen las acciones de gobierno, santo y bueno.

Pero que las critiquen funcionarios responsables del control de tales acciones, obliga a un mínimo de conocimiento y precisión. Lo cual rige para todo gobierno, en todas partes.

Se ve pésimo que los gobernantes den la impresión de que no saben donde están parados y que desconocen aun lo que sucede bajo sus narices.

Tabe fue todo un día el hazmerreír en el ciberespacio, pero eso es lo de menos…

Inquieta el sólo pensar en cuántas y cuáles otras cosas que ocurren en su alcaldía Tabe y los suyos no tienen ni la más remota idea.

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La FGR ya acreditó que Genaro García Luna tuvo ingresos ilícitos por 27.3 millones de pesos, tan sólo durante su paso por la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad Pública.

Esto es, que tiene dinero cuyo origen no puede demostrar y lo obtuvo entre 2000 y 2012, los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, de quienes se presume que fue menos colaborador que cómplice.

La Fiscalía detectó tal fortuna como parte de la investigación del delito de enriquecimiento ilícito que se le imputa a quien fue brazo derecho de Calderón.

García Luna está preso en Estados Unidos, acusado de narcotraficante. Tiene pendientes dos acusaciones más, una de contubernio en la construcción, con enorme sobreprecio, de penales federales.

Y otra por su participación en el caso Rápido y Furioso, mediante el cual Calderón permitió la entrada de armas de Estados Unidos –dizque para darles seguimiento–, que fueron a dar a manos de la delincuencia organizada y a segar vidas.

Resta revisar el desempeño general de este angelito por el servicio público, el Cisen y la Policía Federal Preventiva, entre otros puestos.

RESCOLDOS

Por cierto, demoledor golpazo le asestó a Felipe Calderón el francés Nicolás Sarkozy. Lo exhibió como un pelele a quien ninguneaba y basureaba su consentido y socio, García Luna. En el caso Cassez, Calderón “no podía tomar decisiones sin su ministro (…) más poderoso que el presidente”, declaró el marido de Carla Bruni. ¡Hubiera sido útil someter al cónyuge de Margarita Zavala a periódicas pruebas de alcoholemia! Como la antidoping que acaba de aprobar, airosa y digna, la fiestera primera ministra de Finlandia, Sanna Marin…

Era sospecha, pero ya quedó confirmado: también son brothers de Alito Moreno los consejeros que parten el queso en el INE. Grabaciones divulgadas por Layda Sansores prueban que entre Lorenzo Córdova y el corrupto y boquisucio dirigente del PRI hay complicidad, no mera relación política o camaradería. ¡Quien dijo miedo! Alito avanza hacia la impunidad, en medio de una valla de aliados y secuaces…

Lo que faltaba. Padres de los normalistas desaparecidos marcharon para exigir la liberación del alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Ambos están emparentados con reconocidos delincuentes, pero los manifestantes los consideran chivos expiatorios, víctimas de la “verdad histórica”. Y ya enfocan los reflectores hacia el exgobernador Ángel Aguirre.

aurelio.contrafuego@gmail.com

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