CONTRAFUEGO … Columna del periodista Aurelio Ramos Méndez

Aurelio Ramos M.

Junco, Loret y la peste negra

La expedición de una ley de sueldos, salarios e ingresos en general,
orientada a procurar equidad en el ámbito laboral, aplicable tanto al
sector público como al privado, puede ser un saldo positivo de la acre
confrontación entre el presidente López Obrador y gran parte del
gremio periodístico.

Es injusto, ciertamente, que entre Carlos Loret de Mola y un reportero
raso exista una diferencia tan abismal que éste, con un sueldo de 15 o
20 mil pesos mensuales, recibe 200 o 250 mil pesos al año, mientras
el primero acumula ¡más de 35 millones!

Y, si hemos de creerle al Presidente, quien afirma tener pruebas de
sus dichos, tampoco es justo –¡pobre Loret!—que “aunque parezca
increíble hay quienes ganan diez veces más de los 35 millones”; o
sea, ¡entre 350 y 400 millones de pesos!

Esto, por sólo hablar del gremio periodístico, que en mala hora pasó
de cronista a protagonista de la información.

Una leve mirada a los tres poderes de la Unión refleja la misma
lacerante iniquidad.

Basta comparar los emolumentos de un ministro de la Corte o un
magistrado con los de un juez o aquellos ubicados en los peldaños
más bajos de la escala judicial.

Otro tanto sucede con diputados y senadores, aunque –vale decir–
hablamos de ingresos formales, no del puñado de panistas cuyos
ayudantes trasegaban billetes en maletas con llantitas.

El ejercicio comparativo permite, asimismo, constatar la infamia
imperante entre la élite de ejecutivos del sector privado y los distintos
niveles del escalafón en las empresas. Unos recogen migajas y otros
levantan dinero en carretilla.

Y mejor ni mencionar la situación más dolorosa, la de quienes
malviven con el salario mínimo, respecto a los cuales incluso
empleados medios, públicos y privados –ya no digamos Loret y sus
patrones–, semejan potentados.

Es una lástima que la senadora por Morena, Patricia Armendáriz, se
haya retractado de su demanda pública orientada a que los periodistas
transparenten sus ingresos.

Pudo haber sido su solicitud el embrión de una iniciativa de la referida
ley, a todas luces indispensable.

Experta en negociar con tiburones, la legisladora metió reversa y dijo
que los periodistas son “verdaderos apóstoles de la información”, y por
lo mismo no deben transparentar sus haberes.

Mal estudiante de Ciencias políticas pero curtido en la praxis, el jefe
del Ejecutivo, en cambio, aseguró que los integrantes de la élite
periodística “juegan un papel: el de apuntalar mediante presiones y
chantajes a empresas que medran con el presupuesto público”.

Ni con el espíritu de solidad gremial más acendrado se puede negar
que así sucede.

Bueno, la verdad, sí hay quienes se han atrevido a negar las
evidencias. Para mayor asombro, lo han hecho académicos y
comunicadores que posan de expertos en el tema de medios.

Desde las páginas de Etcétera han alzado la voz escandalizados ante
la exigencia del mandatario de transparentar los ingresos de Loret, “el

ataque más deleznable de todos los ataques deleznables que ha
efectuado en contra del periodista y el gremio en general”.

Según estos agudos analistas, “terribles han sido las mentiras” del
tabasqueño, las cuales “pintan un panorama preocupante para nuestro
presente y futuro como país”.

Sostienen que “los ingresos de Loret no son de interés público ni se
deben transparentar a la ciudadanía, porque no es funcionario del
gobierno o de algún organismo estatal”.

¡Como si el dinero que, debidamente lavado, se embuchacan el
yucateco y otros de su calaña no proviniese del erario! Ni
correspondiese menos a pagos de publicidad que condonaciones de
créditos, evasión de impuestos, escamoteos al IMSS e Infonavit, o
contratos con sobreprecios para construir cárceles, proveer medicinas,
rentar autos…

El especialista Raúl Trejo Delarbre, no obstante, avaló la posibilidad
de transparencia, pero mediante la autoregulación. ¡Los inútiles
códigos de conducta como fetiches!

En una columna titulada #Todos somos Loret, escribió: “No sería mala
idea que las remuneraciones de los comunicadores más importantes

fueran conocidas, como ocurre en otros países. Pero esa debe ser
decisión de las empresas que los contratan y de los propios
informadores y de ninguna manera exigencia del gobierno”.

Con una ley de sueldos y salarios nos ahorraríamos el debate sobre
transparencia. Cuidar la observancia de la norma y sancionar su
transgresión correspondería a las autoridades.

La iniquidad en el mundo del trabajo –refieren expertos en derecho
laboral—data de tiempos inmemoriales y uno de sus episodios más
ingratos remite a mediados del 1300, al final de la peste negra.

El Estatuto de los Trabajadores fue expedido en la Inglaterra del rey
Eduardo III, con objeto de resolver la escasez de mano de obra tras la
peste bubónica que aniquiló las dos terceras partes de la población de
Europa.

Los trabajadores disponían de enorme poder de negociación y
exigieron mayores percepciones. Pero el Estatuto estableció un salario
máximo e incluso la obligación de que todo hombre o mujer que
pudiese trabajar lo hiciese, con duras sanciones para los ociosos.

Además, autorizó la posibilidad de que los empleadores no pagasen a
sus trabajadores –como hace Ricardo Salinas Pliego con muchos de

sus colaboradores–, y hasta prohibió, so pena de prisión, ayudar "bajo
el color de la piedad o la limosna" a mendigos sanos.

Ya recientemente, el tema de la desigualdad en los ingresos detonó un
intenso debate en Estados Unidos después de la crisis económica de
2009.

No era para menos, ejecutivos de las principales empresas financieras
rescatadas por el gobierno con dinero de todos los estadunidenses
recibían sueldos estratosféricos.

La diferencia salarial entre el director de una empresa y el trabajador
promedio era escandalosa. Según estudiosos del problema, de 319 a
1, lo cual implicaba incentivos para que los ejecutivos “se comportasen
de manera indigna”. Defendían el hueso hasta con las uñas y a costa
de lo que fuese.

Expertos calcularon que cien trabajadores promedio, que ganaban
unos 18 dólares por hora –31 mil 500 dólares al año— ¡necesitarían
trabajar mil años para igualar los multimillonarios ingresos de esos
ejecutivos!

Un ejercicio de aritmética simple permitiría calcular cuantos años
tendrían que trabajar reporteros de a pie para igualar los estipendios
de Loret, y ya no digamos equipararse con los jefes del conductor.

¡Venga entonces la ley!

BRASAS

A la elite del mercado laboral, público y privado, sobran quienes la
defienda; lo que no se sabe es quién protege a los trabajadores de
rangos medios y de base.

El juez Abel Méndez Corona acaba de perfilarse como uno de los más
aguerridos escuderos de la alta burocracia, los ejecutivos privados e
intereses empresariales.

Fingió proceder con sindéresis y actuó con insensatez. Declaró
inconstitucional la Ley Federal de Austeridad Republicana expedida en
2019.

Con su fallo también tumbó el plazo de 10 años que dicha ley estipula
como receso antes de que altos mandos del gobierno puedan
emplearse en áreas del sector privado que ellos regularon o
supervisaron.

Al concederle un amparo, este preclaro miembro del Poder Judicial
consideró “excesivo” tal plazo. E invocó la libertad de trabajo y el
“derecho a un sueldo o salario” para “disfrutar de una vida digna”.

Reparó además en las necesidades de las empresas, el perfil de los
exfuncionarios y hasta los vertiginosos avances tecnológicos. Y —
“tanto quiere el diablo a su hijo hasta que le saca un ojo”–, acabó por
exhibir como poco versátiles o unos inútiles a los miembros superiores
de la administración federal.

“Las y los servidores públicos que ocupan cargos de mando superior
difícilmente podrán emplearse fuera del sector público en una
actividad distinta a la que usualmente desempeñan”. Así dijo.

Nada le importaron al tremendo juez las diferencias esenciales entre el
servicio público y la actividad privada.

Menos el que los altos funcionarios tienen acceso a información
ultraconfidencial sobre planes y programas gubernamentales de largo
plazo.
Le interesaron sólo las conveniencias de quienes, a su paso por el
gobierno, hasta antes de la 4T, percibían suculentos sueldos como
contraprestación por los inconvenientes de su encargo.

El juez Méndez Corona pinta para desplazar a San Cayetano como
santo patrono de Felipe Calderón, Georgina Kesel, Ernesto Zedillo y
otros que brincaron al sector privado cuando aún no acababan de
colgar su gafete de burócratas.

Y de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y los comisionados del INAI,
enemigos casados de la austeridad y transparencia.

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Tras las escaramuzas de algunos acaudalados periodistas con el
gobierno del Presidente López Obrador, hay indicios de que, ahora sí,
la prensa más conservadora reeditará Las Cruzadas, ahora en
defensa de “amenazada” libertad de expresión.

El director de Reforma, Alejandro Junco de la Vega, emergió por
derecho propio como comandante de la primera campaña, la
denominada Cruzada de los Príncipes.

Su plañidera entrada en acción, quejándose de una fantasiosa
amenaza del Presidente de la República, evidenció que el pleito del
lanudo Loret emulando a Pedro El Ermitaño, fue apenas La Cruzada
de los Pobres, preludio de la serie de históricas confrontaciones.

Y Junco demostró que es lengua larga y mecha corta. Porque el Jefe
del Ejecutivo no lo amenazó, pero él reaccionó como si le hubieran
clausurando o confiscando su negocio. “Amenaza Amlo a Grupo
Reforma”, publicó en su rotativo.

Falso. En tono más bien quejumbroso, el tabasqueño únicamente hizo
la observación de que su gobierno para nada se mete con la familia de
Junco, mientras Reforma ataca sin límite ni escrúpulos a su familia, en
especial su hijo José Ramón.

Se vio mal el editor regio. Nada más le faltó decir que la 4T indujo a su
hija Rosa Laura al tráfico de personas e inscribirse en la infame secta
Nxivm de esclavas sexuales.

O, que las varias notas a ocho columnas en El Sol de México, hace
pocos años, revelando las ruindades de que él hizo víctima ¡a su
padre!, fueron dictadas por el de Macuspana.

Si la defensa de la libertad de expresión ya está en manos de Junco,
Loret y otros paladines de semejante calaña, a nadie le extrañe que el
grueso de los periodistas se abstenga alistarse a Las cruzadas.

RESCOLDOS

“El que busca, encuentra”, reza el refrán, y atenidos a este prometedor
vaticinio eso hacen activistas, periodistas y malquerientes del
Presidente. Son decenas. Con un reportaje chapucero como guía,
tratan de encontrar en Houston pruebas de corrupción contra el hijo
mayor de Amlo. Andan cual zahoríes, pasando una varita a ras del
suelo porfiados en hallar un manantial. En el rebaño destacan
Castañeda, Peniley, Aristegui, Reforma, MCCI y muchos, muchos
más. Suerte…

Por fin, en algo ha coincidido Felipe Calderón con la 4T. En que “amor
con amor se paga”. El exmandatario se ha batido como tigre en
defensa de la encuestadora GEA-ISA, la más arrojada en avalar el
fraude electoral de 2006. En el cogollo de la sociedad figuran, entre
otros, Ricardo de la Peña, Guillermo Valdés; Jesús Reyes Heroles y
Federico Reyes Heroles, director y “contralor social” de Pemex, y
Berenice Coronado Yabé, la esposa de Loret. Bellas familias.

De tumbo en tumbo boga por el Caribe el Movimiento Ciudadano. Tras
la chambonada de haber tanteado la nominación del repulsivo Roberto
Palazuelos a la gubernatura de Quintana Roo, lazó al despechado
Pech. El senador José Luis Pech dejó Morena al no haber sido

postulado y abrazó sin pudor al MC, que saltó así de la sartén a las
brasas…

aurelio.contrafuego@gmail.com

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