Conflicto en puerta: TUA de Tuxtepec reconoce legalidad de dos ejidos chiapanecos asentados en el territorio de los Chimalapas, en Oaxaca

El Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Tuxtepec reconoció como ejidos a las comunidades de Rafael Cal y Mayor y Canaán, fundadas por chiapanecos en el territorio de los Chimalapas, lo que ha generado un fuerte rechazo por parte de las comunidades oaxaqueñas. Este conflicto histórico, que enfrenta a Chiapas y Oaxaca, revive tensiones sobre la posesión y uso de tierras comunales en la región.

Vidal López Hernández, presidente de Bienes Comunales de Santa María Chimalapas, cuestionó la resolución del TUA por su falta de claridad, al validar los asentamientos sin considerar su carácter ilegítimo desde la perspectiva de las comunidades oaxaqueñas. Según López Hernández, esta decisión perpetúa la incertidumbre jurídica y amenaza los derechos históricos de los comuneros zoques.

Santa María y San Miguel Chimalapas perdieron este juicio agrario que lidera el exconsejero jurídico del gobierno de Oaxaca, Víctor Hugo Alejo Torres. En su resolución, el TUA argumentó que la fundación de Rafael Cal y Mayor y Canaán es legal, pues cuentan con una resolución presidencial de la antigua Secretaría de la Reforma Agraria, lo que complica aún más la disputa.

En respuesta, las comunidades afectadas han convocado a una asamblea general para analizar la resolución y determinar las acciones a seguir. Las autoridades comunales buscan reclamar certeza jurídica sobre sus tierras y se preparan para posibles movilizaciones o nuevas estrategias legales.

Esta derrota jurídica marca un revés importante para las comunidades de Santa María y San Miguel Chimalapas, quienes llevan años enfrentando una disputa territorial con Chiapas. Hace dos años, el presidente de los comuneros de San Miguel, Vicente Pérez Contreras, solicitó formalmente al TUA la nulidad de los ejidos chiapanecos Gustavo Díaz Ordaz y Flor de Chiapas, alegando que estos se establecieron ilegalmente en territorio oaxaqueño.

Pérez Contreras argumentó en su momento que dichos ejidos fueron creados después de que el gobierno federal decretara, en 1967, la protección de 600 mil hectáreas a favor de los Chimalapas. Pese a las pruebas presentadas, la lucha legal continúa, mientras otros ejidos chiapanecos, como Ramón Escobar Balboa y Rodulfo Figueroa, permanecen pendientes de revisión para su posible nulidad.

La creación del municipio chiapaneco Belisario Domínguez en 2011 agravó el conflicto, aunque fue suprimido en 2021 tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reconoció la soberanía de Oaxaca sobre los territorios en disputa. Sin embargo, las tensiones persisten debido a la existencia de más de 24 núcleos ejidales chiapanecos en la región zoque-chimalapa, dominados por ganaderos y talamontes, según Miguel Ángel García Aguirre, del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas.

Santa María Chimalapa, por su parte, ya había solicitado la nulidad de los ejidos Rafael Cal y Mayor y Canaán, lo que suma al menos cuatro solicitudes similares ante el TUA. Las comunidades zoques insisten en que estos asentamientos chiapanecos carecen de legitimidad y representan una amenaza para su territorio comunal y sus recursos naturales.

A pesar de las tensiones legales y políticas, en la zona oriente de Los Chimalapas, donde coexisten comunidades como Díaz Ordaz y Flor de Chiapas con los comuneros zoques de San Antonio y Benito Juárez, predomina un clima de relativa tranquilidad. Según testimonios locales, los habitantes continúan con actividades agrícolas, como el cultivo de tomate y frijol, mientras esperan la resolución de los conflictos legales.

La lucha por la defensa del territorio zoque-chimalapa representa no solo una pugna por el reconocimiento jurídico de las tierras comunales, sino también un esfuerzo por preservar la identidad y los recursos de una de las regiones más biodiversas del país. Las comunidades afectadas han advertido que no cesarán en su intento de buscar justicia y certeza jurídica frente a lo que consideran una invasión a sus derechos históricos y territoriales.