
Conflicto en Huatulco, #Oaxaca: denuncian a Fonatur por venta sospechosa de lote ocupado durante treinta años
En el Centro Integralmente Planeado de Huatulco, en la Costa de Oaxaca, estalló un conflicto legal que cuestiona la transparencia del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur). Un comunero denunció la venta irregular de un lote costero que ha poseído por treinta años. El afectado sostiene que la institución ignoró su derecho preferencial para favorecer a un externo.
El denunciante, Alfonso Pérez, representante del comunero y comunera afectados, asegura que mantuvo negociaciones formales con el organismo para regularizar su situación jurídica. No obstante, Fonatur procesó la adjudicación del terreno mediante el folio L905 en diciembre de 2025. La operación, calificada como una «venta fast-track», se realizó sin notificar previamente a los poseedores históricos.
La defensa del afectado invoca el principio jurídico de que los primeros en tiempo son primeros en derecho. Bajo esta premisa, la institución debió priorizar la oferta de quienes ya ocupaban y trabajaban el predio. La ley establece que la posesión de buena fe genera derechos que fueron totalmente omitidos.
Documentos enviados a Tiempo Digital revelan que el lote fue adjudicado por un monto superior a los dos millones de pesos. El denunciante aclara que sus representados no buscan dádivas ni descuentos, sino que se le permita adquirir el lote al precio de mercado. Para ello, exige la reversión de la venta para proteger el patrimonio de su familia.
Existe la sospecha fundada de colusión entre funcionarios públicos y la compradora externa, para concretar el negocio. El proceso de posturas cerradas impidió que el poseedor histórico ejerciera su derecho de tanto en la transacción. Esta falta de transparencia ha motivado un llamado urgente a las autoridades federales competentes.
El caso, por su relevancia en el procedimiento anómalo, ha escalado hasta la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Oaxaca. El afectado solicita que se devuelva el dinero al tercero y se respete la antigüedad de su ocupación. “La justicia social debe prevalecer sobre el influyentismo en la administración de bienes federales”, advierte.
Jurídicamente, la posesión prolongada por tres décadas otorga una prelación que Fonatur decidió ignorar deliberadamente en sus procesos. Aunque el organismo defiende la legalidad de sus licitaciones, este caso expone graves omisiones administrativas. La falta de una notificación oficial vicia de nulidad el procedimiento de adjudicación del terreno.
La comunidad de Huatulco observa con preocupación este precedente, que pone en riesgo la certeza jurídica local. Muchos negocios familiares operan bajo esquemas similares de posesión histórica en terrenos administrados por el gobierno federal. El respeto al derecho de preferencia es fundamental para mantener la paz social en el desarrollo.
Hasta el momento, Fonatur no ha emitido una postura oficial ante los señalamientos de irregularidad en el folio L905. La ausencia de respuesta incrementa la percepción de opacidad en el manejo del patrimonio turístico nacional. La intervención de la Secretaría de la Función Pública resulta necesaria para deslindar responsabilidades administrativas y penales.
El representante de los afectados anunció que continuará la batalla legal mediante juicios de amparo para recuperar la propiedad que legítimamente le corresponde a sus clientes. Se espera que las autoridades verifiquen si existió dolo al ocultar la venta a los ocupantes. El principio de prioridad debe ser restaurado para garantizar un estado de derecho justo y transparente.

