
Confirma Poder Judicial amparos a José Ramón, Andy y Bobby López Beltrán, hijos de AMLO; estarían acusados en caso de huachicol fiscal
Los hermanos José Ramón, Andrés Manuel “Andy” y Gonzalo “Bobby López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, enfrentan señalamientos por su presunta vinculación en una red de huachicol fiscal, que implica evasión fiscal en el comercio de combustibles. Esta trama, denunciada por el diputado Federico Döring, involucra a funcionarios y empresarios, y ha escalado con solicitudes de órdenes de aprehensión por la FGR.
En Zacatecas, el amparo 2098/2025, promovido por el abogado Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald —defensor de Rafael Caro Quintero—, protege a Andy y Bobby contra cualquier detención. El Juzgado Segundo de Distrito concedió la suspensión provisional, cubriendo también a presuntos cómplices como el contraalmirante Fernando Farías Laguna, sin firma de los beneficiarios.
El amparo 1728/2025 en el Juzgado Noveno de Distrito de la CDMX, también impulsado por Rodríguez Smith Macdonald, resguarda a Andy, Gonzalo y al menos 15 implicados más, incluyendo a César Reyna Carrillo y Juan Carlos Madero Larios. Esta demanda busca blindar a la red contra acciones penales por huachicol fiscal, admitida recientemente en materia administrativa.
En Tabasco, el amparo 1446/2025 ante el Juzgado Primero de Distrito fue presentado por Eribel Mejía Barrios, quien también defendió a Tania Contreras, presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas. Protege a los tres hermanos López Beltrán y a la misma red, como Miguel Ángel Solano Ruiz y Diana Heleyn Foullon Gómez, contra eventuales capturas federales.
Entre los demás implicados destacan Roberto Blanco Cantú, Carlos Estudillo Villalobos y Sergio Varela, vinculados a operaciones de contrabando de combustibles. Figuras militares como Raúl Mendoza y Raúl Torres, junto a civiles como Bertha Elizabeth Castro y Elvira Xóchitl Palomo, forman parte de esta presunta organización que evade impuestos en importaciones de hidrocarburos.
Estos amparos, concedidos en septiembre de 2025, generan controversia por su amplitud y los lazos de los abogados involucrados. Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum ha instado a la FGR a profundizar la investigación, mientras la oposición acusa impunidad. El caso podría derivar en procesos judiciales amplios, impactando la lucha contra el huachicol fiscal.

