#Oaxaca: concesionarios paran contra BinniBus; acusan a Jara de desplazarlos para beneficiar a empresa privada
En un acto de protesta que podría escalar a un conflicto mayor, concesionarios y trabajadores de las empresas del transporte urbano Tucdosa y Tusug llevan a cabo este lunes 20 de octubre un paro en Oaxaca de Juárez. Sin bloquear vialidades, se manifestaron frente a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), rechazando el sistema BinniBus, al que acusan de amenazar sus fuentes de empleo.
Los trabajadores, visiblemente frustrados, argumentan que el BinniBus, impulsado por el gobernador Salomón Jara, representa una competencia desleal que los desplaza del negocio del transporte público. Afirman que esta iniciativa no solo reduce sus ingresos, sino que favorece intereses de un grupo selecto de funcionarios públicos, dejando a cientos de familias sin sustento en un sector ya precario.
El gobernador Jara Cruz es el principal blanco de las acusaciones. Los concesionarios lo señalan directamente por orquestar un plan que centraliza el control del transporte en manos del estado, eliminando concesiones privadas para beneficiar a allegados en la administración. Esta percepción de favoritismo ha encendido el descontento en las calles de la capital oaxaqueña.
Históricamente, el conflicto remonta a julio de 2025, cuando transportistas protestaron contra la eliminación de más de 600 unidades concesionadas. Empresas como Choferes del Sur y Tusug han liderado manifestaciones, alegando que el BinniBus es un “engaño” con autobuses reacondicionados que no resuelven problemas de movilidad, sino que monopolizan rutas rentables.
En septiembre, las protestas se intensificaron con bloqueos en el centro de la ciudad. Los concesionarios exigieron inclusión en el proyecto, pero denunciaron incumplimientos de acuerdos por parte de la Secretaría de Movilidad (Semovi), encabezada por Yesenia Nolasco, quien prioriza el sistema estatal sobre los privados.
Octubre ha visto una escalada, con retenciones selectivas de vehículos. Mientras unidades de BinniBus son rescatadas rápidamente por la Secretaría de Seguridad Pública, los camiones privados permanecen inmovilizados cuando son tomados por manifestantes para bloquear calles, lo que los transportistas califican como parcialidad y violación a la igualdad ante la ley.
Las acusaciones van más allá: los concesionarios insinúan que el gobernador Jara busca “quedarse con el negocio” para beneficiar a unos cuantos funcionarios. Mencionan patrones de corrupción similares a administraciones pasadas, donde contratos se otorgan a familiares o aliados, aunque sin pruebas directas contra el actual mandatario.
El BinniBus, presentado como modernización con rutas como “Waxin” y “Mondok”, es visto por los afectados como una extensión fallida del CityBus anterior. Critican la falta de transparencia en el uso de recursos públicos y la exclusión de pequeños concesionarios en favor de un control estatal absoluto.
Trabajadores de Tucdosa y Tusug destacan que su rechazo no es al progreso, sino a la forma en que se implementa. Exigen mesas de diálogo genuinas, donde no se les ofrezca solo roles subordinados como “permisionarios temporales”, sino participación equitativa en el sistema de transporte urbano.
El paro de hoy, aunque parcial, ha suspendido varias rutas, afectando a miles de usuarios. Esto evidencia el impacto económico en la movilidad diaria de Oaxaca, donde el descontento podría llevar a paros totales o alianzas con sindicatos como la Sección 22 de la CNTE, amplificando el conflicto.
En redes sociales, usuarios y activistas apoyan a los concesionarios, calificando al BinniBus como un “binnibussines” que beneficia a elites gubernamentales. Posts virales denuncian cómo el proyecto desplaza a operadores locales, priorizando ganancias estatales sobre el bienestar de familias oaxaqueñas dependientes del sector.
El gobernador Jara ha respondido con llamados al diálogo, afirmando que no se despedirá a choferes y que se mantendrán concesiones. Sin embargo, los manifestantes desconfían, recordando promesas incumplidas y exigiendo auditorías independientes para esclarecer los supuestos intereses personales en el proyecto.
Expertos en movilidad urbana advierten que este conflicto podría paralizar el transporte en la zona metropolitana. Si no se resuelve, escalaría a demandas legales o protestas masivas, afectando la economía local y la imagen del gobierno de Jara, ya criticado por otros temas como corrupción, inseguridad, nepotismo y falta de obras.
Los concesionarios insisten en que la competencia desleal viola principios constitucionales de libre empresa. Acusan al estado de usar su poder para monopolizar un mercado que históricamente ha sido operado por privados, beneficiando solo a un círculo cercano al gobernador y sus funcionarios clave.
Este paro inicial del transporte urbano privado podría ser el detonante de un movimiento mayor en Oaxaca. Con el descontento acumulado, los transportistas llaman a la sociedad a unirse contra lo que ven como un atropello gubernamental, exigiendo justicia y equidad en el vital sector del transporte público de pasajeros.
