Con Jara, #Oaxaca escala al octavo lugar nacional en homicidios dolosos igualando cifras del Estado de México
El deterioro de la seguridad en Oaxaca ha alcanzado niveles alarmantes durante 2026, posicionando a la entidad en el octavo lugar nacional por homicidios dolosos. Con 72 víctimas registradas solo en febrero, el estado prácticamente iguala las 73 muertes del Estado de México, a pesar de la enorme brecha poblacional existente.
Este salto estadístico desde la posición 13 revela una crisis profunda que no puede explicarse por simples ajustes técnicos. Oaxaca, que anteriormente presumía ser uno de los estados más seguros, enfrenta hoy una realidad sangrienta. La violencia letal se ha disparado, dejando atrás la narrativa triunfalista del gobernador Salomón Jara y los discursos de paz del secretario de Gobierno, Jesús Romero López.
La expansión de grupos criminales es el factor determinante en esta escalada de sangre. El territorio oaxaqueño dejó de ser periférico para convertirse en una zona estratégica de disputa. Células vinculadas a grandes cárteles nacionales pelean por el control de rutas de droga, migrantes y diversas mercancías ilegales hacia el centro.
Regiones como el Istmo, la Costa y Valles Centrales sufren el baño de sangre con las ejecuciones constantes de la delincuencia organizada. La ubicación geográfica del estado ha incrementado su valor logístico para las células de los diversos carteles. El control de los pasos que conectan Centroamérica con el Golfo y el Pacífico motiva asesinatos directos y control territorial.
El Corredor Interoceánico del Istmo, proyecto clave de desarrollo, también ha atraído intereses oscuros de grupos delictivos. Las rutas estratégicas generan una competencia feroz que se traduce en un aumento rápido de homicidios. Las organizaciones buscan imponer su ley mediante la violencia, ante una vigilancia que parece ser insuficiente.
A esto se suma la fragmentación de bandas locales dedicadas a la extorsión y el huachicol. Estos grupos pelean plazas municipales y corredores carreteros, provocando una escalada de asesinatos focalizados en diversas zonas. La atomización del crimen genera un escenario de inseguridad dispersa pero constante que afecta a la población.
La debilidad institucional bajo la administración de Salomón Jara es un punto crítico señalado por analistas. La falta de coordinación efectiva entre las policías estatales, municipales y las fuerzas federales es evidente. Sin una estrategia clara de contención, los conflictos criminales se expanden sin freno por todo el territorio.
Aunque se especula sobre un posible cambio en los criterios de medición o subregistros previos, la realidad es innegable. Los especialistas coinciden en que el incremento refleja una violencia tangible y no solo un ajuste de cifras. El dolor de las familias oaxaqueñas confirma que la inseguridad es ya generalizada.
La comparación con el Estado de México es el dato más demoledor de este reporte estadístico. Que Oaxaca tenga casi los mismos homicidios que una entidad con 17 millones de habitantes es inaudito. Este fenómeno demuestra un descuido monumental o cómplice, que ha permitido que la violencia crezca a pasos agigantados.
El ascenso de Oaxaca en el ranking de criminalidad es el resultado de una tormenta perfecta. Disputas de cárteles, valor estratégico y omisión gubernamental han configurado este escenario desolador. El «esfuerzo» por destruir la seguridad estatal ha sido, lamentablemente, una misión cumplida por la inoperancia del gabinete de seguridad oaxaqueño.
Foto de portada: pareja ejecutada, embolsada y abandonada en San Felipe Tejalápam, municipio del Valle de Oaxaca.
