Con 134 casos en 2024, Oaxaca lidera la cifra de violencia política en razón de género en México: INE

Con 134 casos en 2024, Oaxaca lidera la cifra de violencia política en razón de género en México: INE

Oaxaca encabeza la lista de entidades con más casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, según el Registro Nacional de Personas Sancionadas (RNPS). Este registro revela que, de los 480 casos y las 277 sentencias emitidas en el país por delitos electorales o políticos, 360 corresponden a mujeres víctimas cuyos derechos político-electorales han sido vulnerados, principalmente en el ejercicio de sus cargos públicos, informó hoy la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Humphrey.

La mayoría de estas denuncias provienen de mujeres que integran algún ayuntamiento. Concejalas, síndicas y regidoras son las principales afectadas por la violencia política, lo que refleja una problemática grave en el nivel municipal. Esto evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos que garanticen el libre ejercicio de sus funciones y derechos.

El sureste mexicano destaca por su alta incidencia en este tipo de casos. Entidades como Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas concentran la mayoría de las denuncias y sentencias. Esto subraya la necesidad de reforzar los esfuerzos para erradicar la violencia política y garantizar la igualdad de oportunidades en la representación política de las mujeres.

El RNPS, creado en 2020, es una herramienta clave para visibilizar esta problemática y dar seguimiento a las sanciones por violencia política de género. Según el Instituto Nacional Electoral (INE), hasta el mes pasado se habían registrado 480 casos, involucrando a 430 personas, de las cuales el 80% son hombres (393 casos) y el 20% mujeres (87 casos).

Las víctimas incluyen agentes municipales, delegadas, funcionarias, aspirantes a cargos públicos, regidoras y diputadas locales. Además, entre los agresores hay 24 reincidentes hombres y 4 mujeres. Uno de ellos cuenta con 11 reincidencias, mientras que otros cuatro acumulan tres cada uno, evidenciando un patrón repetitivo de violencia que urge detener.

Las entidades con más casos registrados son Oaxaca (134), seguida de Veracruz (48), Tabasco (38), Campeche (36) y Chiapas (26). Estas cifras reflejan una concentración significativa de violencia política en estas regiones, donde las autoridades locales enfrentan retos importantes para frenar este tipo de agresiones.

Otros estados con menor número de casos son Chipas (26), Guanajuato (24), Puebla (19), Estado de México y Quintana Roo  (16). En tanto, entidades como Baja California Sur, Morelos, Chihuahua, Nayarit, San Luis Potosí y Yucatán también registran cifras preocupantes, con 10, 9, 8 respectivamente.

Otros estados con pocos casos son la CDMX, Michoacán y Zacatecas, con 6; Hidalgo y Querétaro o n 5; Guerrero y Tamaulipas con 4; Aguascalientes 3; Durango y Nuevo León con 2 y Sinaloa, con 1. A nivel nacional, cinco registros no corresponden a una entidad específica, mostrando que el problema trasciende límites territoriales.

La consejera del INE detalla que las víctimas incluyen no solo a mujeres en cargos públicos, sino también a aspirantes, integrantes de partidos políticos y colectivos de mujeres. Además, se identificaron agresiones contra ciudadanas, precandidatas e incluso una senadora, lo que ilustra la diversidad de contextos en los que ocurre la violencia política de género.

De las 277 sentencias emitidas, se desprenden 360 víctimas mujeres, una cifra que evidencia la gravedad del problema. En su mayoría, las víctimas son funcionarias municipales que enfrentan violencia durante el ejercicio de sus cargos, una situación que compromete la participación política plena y efectiva de las mujeres.

Finalmente, los datos demuestran la importancia de seguir fortaleciendo los mecanismos legales y culturales para erradicar la violencia política de género. Aunque el RNPS y las acciones del INE son pasos importantes, los retos persisten, especialmente en las regiones con mayores índices de violencia, donde se requiere un enfoque integral para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades.

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