Comunidad de Oaxaca denuncia presunto fraude judicial por tierras; exigen revisión de sentencia millonaria

Comunidad de Oaxaca denuncia presunto fraude judicial por tierras; exigen revisión de sentencia millonaria

Las autoridades agrarias de San Francisco Cozoaltepec, en Santa María Tonameca, Oaxaca, han denunciado un presunto fraude judicial que podría obligar al Estado mexicano a pagar más de 6 mil millones de pesos a dos particulares por 300 hectáreas de tierras que, según la comunidad, les fueron despojadas ilegalmente. Los comuneros acusan a funcionarios del Poder Judicial de la Federación de favorecer a los demandantes mediante resoluciones irregulares.

Según los comuneros, los particulares Pedro Ramírez Araiza y Domitila Guzmán Olivera obtuvieron en 2016 una sentencia favorable que excluyó las tierras de los bienes comunales. Posteriormente, en enero de 2025, el Juez Primero de Distrito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa, con el voto decisivo de la magistrada Adriana Alejandra Ramos León, ordenaron al Estado mexicano pagar la indemnización millonaria. Los comuneros alegan que este fallo se basa en documentos falsos y en una red de complicidades entre autoridades agrarias y judiciales.

La comunidad ha presentado una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra la magistrada Ramos León, el juez Emmanuel Hernández Alva y la magistrada Rosa Iliana Noriega Pérez, acusándolos de actuar de manera parcial y beneficiar indebidamente a los particulares. Aunque la queja fue desechada, los comuneros han interpuesto un recurso de inconformidad y han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción para revisar el caso.

Las tierras en disputa albergan infraestructuras comunitarias como escuelas y centros de salud, que podrían ser demolidas si se ejecuta la sentencia. Los comuneros advierten que el pago de la indemnización afectaría gravemente al erario público y a programas sociales, por lo que exigen una revisión exhaustiva del expediente y la anulación de la resolución judicial que consideran injusta y perjudicial para la comunidad y el país.

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