Comuneros chimas acusan a Salomón Jara de retrasar ejecución de sentencia ▶
El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas acusó al gobierno federal, así como a los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, de retardar de manera alevosa el cumplimiento de la sentencia dictada en noviembre de 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que restituyó a San Miguel y Santa María Chimalapas 162 mil hectáreas de selva que fueron invadidas por pobladores chiapanecos.
Por ello, habitantes de Santa María Chimalapa instalaron la mañana de este lunes un bloqueo indefinido sobre la carretera federal 190, a la altura del kilómetro número 16, tramo La Venta-La Ventosa, en demanda de que la autoridad estatal ejecute la sentencia dictada por la Corte para que les sean restituidas las 162 mil hectáreas de tierra a San Miguel y Santa María Chimalapas.
Los inconformes impiden el flujo vehicular a la altura del puente La Venta, por lo que el paso hacia el estado de Chiapas ha quedado interrumpido.
A través de una carta pública, el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas denunció que la administración federal que encabeza el presidente López Obrador ha incumplido con la ejecución de la sentencia debido a su intención de “imponer” un Área Natural Protegida.
Además, el gobierno de Salomón Jara pretende apoyar a su homólogo del estado vecino en su intento de convertir a los núcleos agrarios Belisario Domínguez y Rafael Cal y Mayor en un nuevo municipio, denuncian los comuneros en el documento firmado por Luis Bustamante Valencia, coordinador nacional de la agrupación.
La organización ambiental aseguró que las autoridades estatales estám retrasando el proceso de ejecución de sentencia, con el argumento de que la Corte cometió errores al momento de delimitar la zona conformada por las 162 mil hectáreas restituidas, una situación que puede ser resuelta a la brevedad.
Luego de un año y medio, ha existido una reticencia, activa y pasiva, de parte de los tres gobiernos (el Federal, de Chiapas y de Oaxaca) para cumplir y ejecutar en sus tiempos y términos, la sentencia.
Por esta razón, la situación se ha complicado, tanto por “las presiones de la oligarquía y clase política chiapaneca” frente a la debilidad y condescendencia de su contraparte oaxaqueña, como por la pretensión del presidente López Obrador de imponer en el territorio de los Chimalapas recuperado un Área Natural Protegida.
Ante ello, el organismo demandó que el gobierno de Oaxaca transparente y ponga a disposición de las autoridades comunales y municipales de los Chimalapas, el expediente completo del peritaje independiente realizado por la perita en geografía estadística, Celia Palacios Mora, contratada por la Corte, en base al cual se elaboró la sentencia definitiva y donde fueron halladas deficiencias.
Al mismo tiempo, demandó que se le dé celeridad a los juicios de nulidad agraria, establecidos en el Tribunal Agrario de Tuxtepec, en contra de los núcleos Rafael Cal y Mayor, Canaan y Gustavo Díaz Ordaz, fundados ilegalmente por pobladores chiapanecos.
También el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas exigió que sea reinstalada a la brevedad la Mesa Interinstitucional Agraria Ambiental del más alto nivel, presidida por la Secretaría de Gobernación y con los mismos actores que participaron en 2011 y 2012, con el fin de buscar de buena fe y de forma transparente el diálogo y los acuerdos requeridos.
De la misma forma, pidió que, así como Oaxaca aceptó firmar con el gobierno de Chiapas un Convenio Amistoso para respetar como territorio chiapaneco partes de los municipios de Arriaga y Tonalá que la sentencia los entrega a Oaxaca, de la misma forma se firme un Convenio Amistoso donde Chiapas reconozca como oaxaqueña la extensión territorial de los Chimalapas, y que ese convenio sea llevado al Senado de México para darle validez jurídica.
