CNDH responsabiliza al Estado por muerte de joven señora en cárcel de Salina Cruz, #Oaxaca, por graves omisiones
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 188/2024 contra la Fiscalía de Oaxaca y el municipio de Salina Cruz, bajo la responsabilidad del presidente municipal, Daniel Méndez Sosa. El organismo acreditó violaciones graves tras el fallecimiento de Abigail Hay Urrutia en una celda municipal. La víctima, detenida por una falta administrativa, no recibió la protección necesaria.
El 19 de agosto de 2022, la policía arrestó a la joven tras una discusión pública con su expareja. A pesar de un diagnóstico médico que señalaba «labilidad emocional», el Juez Cívico impuso arresto sin canalizarla a servicios de salud mental. La autoridad ignoró el contexto de violencia de género previo.
Durante el confinamiento, el personal municipal omitió la vigilancia especial pese a señales claras de crisis emocional. Abigail fue hallada sin vida, ahorcada con su propia ropa dentro de la comandancia. La CNDH determinó que el Estado incumplió su deber de garante al no prevenir una muerte que resultaba evitable.
La investigación ministerial fue duramente criticada por no aplicarse inicialmente bajo el protocolo de feminicidio. El organismo reprobó que la Fiscalía omitiera la perspectiva de género, ignorando antecedentes de violencia familiar y órdenes de restricción existentes. Esta negligencia institucional revictimizó a la mujer y obstaculizó el acceso a la justicia.
Por otro lado, la familia de la víctima sufrió desplazamiento forzado tras recibir amenazas de servidores públicos. Tuvieron que abandonar Oaxaca para salvaguardar su integridad ante el hostigamiento oficial. La CNDH calificó este hecho como una violación directa a la seguridad personal y al derecho al libre tránsito de los parientes.
La recomendación exige reparación integral del daño, compensación económica y procedimientos penales contra los responsables. Asimismo, se ordena la impartición de cursos obligatorios en derechos humanos y prevención del suicidio. Organizaciones civiles señalan el caso como un ejemplo emblemático de la falta de protección estatal hacia las mujeres vulnerables.
