Chimalapas al límite: ultimátum agrario y movilización comunal y policial elevan riesgo de www enfrentamiento entre Oaxaca y Chiapas
Los Chimalapas amanecieron con la tensión al límite. El vencimiento del plazo impuesto por comuneros de San Miguel Chimalapa al ejido Gustavo Díaz Ordaz encendió las alertas en esta zona fronteriza, donde una disputa agraria de décadas amenaza con convertirse en un conflicto abierto entre pobladores de Oaxaca y Chiapas.
Alrededor de 500 comuneros anunciaron su traslado a Gustavo Díaz Ordaz para continuar, según su versión, una conciliación pacífica directa y exigir la restitución de 4 mil 975 hectáreas. Sin embargo, el ambiente dista de ser tranquilo: pobladores chiapanecos han expresado temor, mientras fuerzas de seguridad de Chiapas fueron reforzadas en el territorio en disputad.
El origen del conflicto se remonta a 1967, cuando decisiones agrarias federales permitieron establecer ejidos chiapanecos sobre tierras que los zoques de Chimalapas consideran comunales y bajo su posesión, de acuerdo con títulos primordiales. Desde entonces, la región acumula reclamos, confrontaciones y litigios. La Suprema Corte reconoció territorio chimalapa oaxaqueño, pero persisten pendientes para materializar físicamente aquella determinación judicial.
Ahora, San Miguel Chimalapa plantea a los habitantes de Gustavo Díaz Ordaz dos opciones: disolver voluntariamente el régimen ejidal e incorporarse a la comunidad zoque, o abandonar las tierras reclamadas. Los ejidatarios rechazan esa exigencia y sostienen que poseen derechos agrarios, una postura que mantiene enfrentadas ambas comunidades en disputa.
La preocupación creció porque comuneros han advertido que podrían acudir a la zona si no existe una respuesta. Aunque aseguran que buscan diálogo de campesino a campesino, autoridades y organismos de derechos humanos observan un escenario regional delicado. En Chiapas también se reforzó la seguridad para impedir despojos o enfrentamientos.
Frente al riesgo, Oaxaca desplegó un grupo interinstitucional integrado por autoridades políticas, seguridad, conciliación agraria y derechos humanos. La estrategia oficial pretende contener un episodio violento y mantener abiertas las mesas de negociación con Chiapas. Pero la presencia policial revela que el conflicto ya dejó de ser solamente una disputa documental.
El desafío será evitar que el vencimiento del ultimátum transforme la presión agraria en violencia. En una región marcada por décadas de desencuentros, la movilización puede convertirse en un detonante. Oaxaca y Chiapas aseguran privilegiar el diálogo; ahora deberán demostrar que sus instituciones pueden impedir que en los Chimalapas se vuelva a derramar sangre.
Foto: Funcionarios de Oaxaca dialogan con autoridades chimalapas.
