Chagoya incurrió en delitos al ceder calle pública a Fibra Danhos violando ley y comprometiendo patrimonio municipal
El presunto uso y ocupación de la Privada de Las Rosas por parte de Fibra Danhos para integrarla al proyecto Plaza Parque Oaxaca ha colocado al alcalde de Oaxaca de Juárez, Raymundo Chagoya Villanueva, bajo severos cuestionamientos por posibles actos ilegales que comprometerían el patrimonio público municipal y favorecerían intereses privados de gran escala.
La polémica creció tras revelarse que dicha vialidad pública no solo fue cerrada temporalmente por obras, sino excavada para el estacionamiento subterráneo del proyecto, desapareciendo físicamente para quedar incorporada al estacionamiento subterráneo del complejo comercial privado, lo que sugiere una apropiación material y permanente de un bien de dominio público.
La gravedad del caso radica en que, hasta ahora, no existe evidencia pública de que el Cabildo del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez haya aprobado formalmente la desincorporación, enajenación o cambio de régimen jurídico de esa calle, como exige expresamente la legislación municipal vigente en Oaxaca.
La Ley Orgánica Municipal del Estado establece que calles y vialidades son bienes de dominio público, inembargables e imprescriptibles, cuya disposición solo puede concretarse mediante un procedimiento riguroso que exige mayoría calificada del Cabildo, avalúos, planos oficiales, publicación y conocimiento del Congreso local.
La Privada Las Rosas. Desapareció.
Esto significa que el alcalde carece de facultades para comprometer unilateralmente la cesión, venta o utilización permanente de una calle municipal. Cualquier acuerdo directo con un particular, aun bajo el argumento de “facilitar logística de obra”, podría constituir una extralimitación clara de funciones y un acto jurídicamente inválido.
Más delicado aún resulta que la propia empresa habría señalado públicamente que existió un compromiso del edil respecto a la eventual venta del espacio, después de realizar avalúos. Si tal compromiso ocurrió sin autorización colegiada, podría acreditarse un esquema de decisiones discrecionales fuera de la ley.
En términos administrativos, el alcalde podría enfrentar acusaciones por abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones y violación a principios de legalidad, transparencia e interés público. También podría configurarse responsabilidad por omisión, al permitir que una obra privada afectara irreversiblemente infraestructura municipal sin controles suficientes.
Permitir la destrucción física de una calle bajo permisos de demolición sería especialmente grave, porque un permiso temporal para obras no puede transformarse legalmente en una cesión permanente del espacio público. La temporalidad administrativa no autoriza, bajo ninguna interpretación, la desaparición definitiva de una vialidad.
La calle ya no existe. La engulló Parque Oaxaca.
La ilegal actuación de Chagoya también abre cuestionamientos sobre posibles beneficios indebidos otorgados a un desarrollador privado. Cuando una autoridad facilita la apropiación de bienes públicos sin cumplir requisitos legales, se fortalece la sospecha de favoritismo institucional y de captura del poder público por intereses corporativos.
En el ámbito penal, el caso podría escalar significativamente. El Código Penal de Oaxaca contempla el delito de abuso de autoridad para servidores públicos que actúan fuera del marco legal, impiden derechos ciudadanos o toleran actos contrarios a la ley desde su posición institucional.
Además, abogados consultados consideran posible la configuración de peculado si se demuestra que un bien público —en este caso una calle— fue distraído para beneficiar a terceros. La transferencia material de valor patrimonial municipal hacia un privado podría activar responsabilidades penales severas e inhabilitación.
Tampoco puede descartarse el uso ilícito de atribuciones o incluso tráfico de influencias si una investigación acredita negociaciones preferenciales, compromisos previos o trato diferenciado hacia Fibra Danhos. El eje central será determinar quién autorizó la intervención y bajo qué fundamentos jurídicos concretos.
La empresa taló el arbolado donde fue el Hotel Misión de Los Ángeles.
Aunque Chagoya ha negado cualquier apropiación, asegurando que la calle continúa siendo pública y que cualquier venta seguiría el procedimiento legal, los hechos físicos contradicen su versión. Una calle excavada e integrada a infraestructura privada difícilmente puede seguir considerándose funcionalmente pública.
Vecinos y críticos denuncian opacidad, falta de consulta ciudadana y ausencia de transparencia documental. La falta de actas de Cabildo, publicaciones oficiales o autorizaciones legislativas fortalece la percepción de que el proceso se condujo al margen de la legalidad y sin rendición de cuentas.
Ante ello, corresponde a la Fiscalía, Contraloría, Cabildo y Congreso investigar a fondo. Si se confirma la cesión ilegal de la Privada de Las Rosas, no bastará con explicaciones políticas: estaríamos ante un posible despojo institucional del espacio público que exige sanciones ejemplares.
