Chagoya destina más de 10 millones a publicidad; intermediaria cobra hasta 23 salarios mínimos por boletín
El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez comprometió más de 10 millones de pesos en un contrato de comunicación pública con Diseño, Producción y Publicidad 10 Grados, esquema que concentra en una intermediaria —también llamados “coyotes” publicitarios— recursos destinados a difusión institucional y abre cuestionamientos sobre costos, transparencia, competencia y posible discrecionalidad en su operación.
El contrato CABAECS/OM/DRMYSG/LPE/IIlSO-01/SERV.MEDIOSDECOMUNICACIÓN/10GRADOS/2026 obtenido por la página Centro Oaxaca, establece servicios de portales digitales, redes sociales, radiodifusoras, entrevistas, transmisiones, videos y coberturas. Entró en vigor el 31 de marzo y concluirá el 31 de diciembre, mientras el gobierno municipal deberá justificar públicamente la necesidad, metodología y contraprestaciones pactadas claramente.
La empresa contratada es Diseño, Producción y Publicidad 10 Grados S.A. de C.V., representada por Enedina Bautista Ortiz. Registros oficiales estatales muestran que está inscrita como agencia de publicidad y que aparece en el padrón de proveedores desde 2020, por lo que no se trata de una compañía recién incorporada.
El padrón estatal identifica a 10 Grados con el RFC DPP200114BY0 y domicilio en Monte Albán 301-F; documentos la registran como agencia de publicidad, aunque el domicilio es una casa habitacional en construcción. Su objeto incluye producción audiovisual y difusión de contenidos por internet, antecedentes que acreditan existencia empresarial, aunque realmente no demuestran suficiente capacidad para ejecutar este contrato.
El desglose incluye 600 boletines, 132 transmisiones en vivo, 41 entrevistas, 412 publicaciones, 132 videos, 82 coberturas de inauguraciones y 43 coberturas de conferencias. Hay inconsistencias aritméticas: 600 boletines a 6 mil pesos sumarían 3.6 millones, no 3.96 millones; 43 coberturas a 3 mil sumarían 129 mil, no 136 400.
El punto más oneroso son 412 publicaciones en redes sociales, presupuestadas a 7 mil 250 pesos cada una, para sumar 2 millones 987 mil pesos. Ese precio equivale a casi 23 salarios mínimos generales de 2026, fijados en 315.04 pesos diarios, según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos federal vigente.
El contrato contempla 600 boletines de cuartilla y transmisiones en vivo, entrevistas, videos y coberturas. La documentación difundida atribuye al conjunto 8 millones 790 mil pesos antes de IVA, hasta llegar a 10 millones 197 mil 81 pesos. Sin embargo, las cifras individuales proporcionadas contienen inconsistencias aritméticas que deberían aclararse. Además, la empresa estaría ganando más del 50% de utilidades en comparación con las tarifas y contrataciones directas con los medios de comunicación.
La contratación adquiere una dimensión política por el papel atribuido a Janet Martínez, en la coordinación de comunicación social y su cercanía con Martín Gamboa Guzmán, jefe de la Oficina de Presidencia. Las relaciones no prueban irregularidad alguna, pero justifican transparencia sobre quién decide, supervisa, valida y autoriza los pagos.
El gobernador Salomón Jara cuestionó públicamente a Gamboa en julio pasado, al señalarlo como adversario político y atribuirle un golpeteo sistemático desde páginas de internet. La acusación fue difundida por medios locales. El contexto vuelve relevante conocer si la contratación municipal responde exclusivamente a criterios técnicos, comerciales y administrativos verificables.
El Instituto Nacional Electoral incluyó en 2025 un procedimiento oficioso de fiscalización que incluyó a Raymundo Chagoya y Martín Gamboa, aunque relacionado con propaganda del proceso judicial y distinto al contrato de comunicación municipal. Ese antecedente no acredita responsabilidad en esta contratación, pero refuerza la necesidad de explicar decisiones financieras.
La intermediación plantea una pregunta central: si los recursos terminan en medios, reporteros y plataformas, ¿por qué el municipio concentra el pago en una sola empresa? La respuesta debería incluir criterios de selección, cotizaciones, entregables, beneficiarios finales, métricas de difusión, comprobación de servicios y mecanismos para evitar favoritismos o sobreprecios.
El caso mantiene bajo escrutinio a Chagoya y a su equipo, porque gastar más de diez millones en comunicación no es irregular por definición, pero sí exige comprobación y resultados. La autoridad municipal debería publicar contrato, anexos, facturas, evidencias y pagos, además de explicar las inconsistencias detectadas en los importes.
