CEAIV niega registro como víctima a sobreviviente de ataque con gasolina que mató a sus dos hijas
Carmela Juárez no recuerda el olor de la gasolina sin sentir de nuevo el calor de las llamas. Han pasado más de dos años desde aquella madrugada en Matías Romero, pero el Estado oaxaqueño todavía no le da lo único que pide: ser reconocida oficialmente como lo que es, una víctima.
Todo ocurrió la madrugada del 3 de enero de 2023 cuando Leonel M.A., su expareja, entró a la vivienda donde ella dormía junto a su suegra y sus dos hijas. Roció gasolina en el interior y prendió fuego. Antes, según documentó la Fiscalía oaxaqueña, ya la había golpeado durante una discusión.
Las llamas alcanzaron a las cuatro. Quemaduras de segundo y tercer grado cubrieron sus cuerpos. Las niñas fueron trasladadas vía aérea al Hospital de la Niñez de San Bartolo Coyotepec, pero no sobrevivieron: murieron el 4 y el 5 de enero. Carmela y su suegra quedaron con secuelas físicas severas.
El agresor fue detenido en febrero de 2023. Activistas calificaron el caso como violencia química y violencia vicaria desde el inicio, esa modalidad que castiga a los hijos para herir a la madre. Más de tres años después, el proceso judicial sigue avanzando a cuentagotas, sin que se haya dictado sentencia.
Hoy, Carmela enfrenta lo que organizaciones civiles llaman una segunda agresión: la institucional. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Oaxaca se niega a registrarla como víctima y no ha explicado públicamente por qué. Sin ese reconocimiento, le son negados los fondos de la Ley General de Víctimas, los tratamientos reconstructivos y el apoyo jurídico que la ley le garantiza.
«Su situación es devastadora. Además de las lesiones, perdió a sus dos hijas en medio de esta crueldad», declaró Carmen Sánchez, defensora de la Fundación Carmen Sánchez Mx, con once años acompañando a sobrevivientes de violencia química. Exigió no solo justicia para Carmela, sino reparación integral.
La defensa de Juárez fue más dura: dijo que Carmela no solo carga con las secuelas físicas y la ausencia de sus hijas, sino que además se ve obligada a «mendigar una justicia que por derecho le pertenece», en alusión directa a la inacción de la comisión estatal.
El caso ocurre en un estado donde la violencia química es delito grave gracias a la Ley Malena, nombrada así por María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña atacada con ácido en 2019 por un exdiputado del PRI. Oaxaca es uno de 13 estados con este marco legal vigente.
Pero la ley en el papel no protege en la práctica, advierten activistas. La Fundación Carmen Sánchez Mx tiene registradas más de 50 mujeres víctimas de violencia ácida en México. En 2022, al menos 105 mujeres sufrieron ataques con sustancias químicas, según el Sistema de Salud Pública, y solo 28 lo denunciaron.
Organizaciones feministas en Oaxaca ya escalaron el caso a nivel nacional. Sostienen que la omisión de la CEAIV no es caso único, sino una constante que revictimiza a mujeres que ya sufrieron violencia extrema. «La indiferencia institucional también mata a las mujeres», afirman, exigiendo que se subsane el expediente de inmediato.
La exigencia de la red de apoyo de Carmela es que la Comisión de Víctimas corrija la omisión y le garantice cirugías reconstructivas, acompañamiento psicológico y representación legal. Hasta el cierre de esta nota, la CEAIV no había emitido ninguna postura oficial sobre el caso.
