
Cártel del Limón, detrás del asesinato de Sandra Domínguez y esposo; opera “con respaldo oficial”, denuncian en Oaxaca
El secuestro y asesinato de la defensora mixe Sandra Domínguez Martínez y su esposo Alexander Hernández Hernández, ocurrido el 4 de octubre de 2024, ha sido vinculado al llamado “Cártel del Limón”, una organización criminal que opera en María Lombardo de Caso, en la región del Bajo Mixe. De acuerdo con testimonios recogidos por el portal Estado20, de Oaxaca capital, este grupo delictivo mantiene presuntos vínculos con funcionarios del gobierno estatal de Salomón Jara, particularmente con Donato Vargas Jiménez, coordinador de Delegados de Paz.
En un video difundido poco antes de su desaparición, Sandra Domínguez responsabilizó a Vargas Jiménez de amenazas en su contra y denunció la falta de atención del gobernador Jara ante las acusaciones dirigidas a sus colaboradores. Domínguez había documentado agresiones y la existencia de un grupo de WhatsApp donde se compartían imágenes íntimas de mujeres indígenas sin su consentimiento, señalando a Vargas como uno de los participantes.
Aunque la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha insistido en que el asesinato se trató de un ajuste de cuentas dirigido a Alexander Hernández y que Sandra fue víctima colateral, habitantes de María Lombardo sostienen que el crimen forma parte de una serie de ataques sistemáticos del “Cártel del Limón”. Además, aseguran que esta organización delictiva opera con la complicidad de agentes estatales y policías ministeriales, y mantiene influencia sobre autoridades locales.
Los testimonios publicados por Estado20 refieren que este grupo también estaría implicado en el asesinato de Angelina Manzano, integrante del comité de obras comunitario, y su esposo Abraham Matías, ocurrido en abril de 2024. Ambos habrían sido citados por el funcionario del INPI César Pulido, quien —según los pobladores— opera en conjunto con el cártel, exigiendo cuotas para permitir el acceso a proyectos gubernamentales en la zona.
El asesinato de Angelina y su esposo ocurrió después de que ella rechazara las condiciones del grupo criminal, que intentaba imponer maquinaria robada para obras comunitarias. Al denunciar los hechos ante la Fiscalía local, no se procedió con ninguna investigación. Al igual que con Sandra y Alexander, las víctimas fueron emboscadas por sujetos armados en camionetas blancas; la fiscalía tardó diez horas en llegar al lugar, y los familiares recibieron amenazas para que no interpusieran denuncias.
Los habitantes acusan a figuras como Donato Vargas, César Pulido, y los presuntos líderes del cártel —Mario “El Mayo” Hernández y Agustín Muñoz “El Sida”— de operar impunemente gracias a su protección dentro de las instituciones estatales. Incluso señalan que la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) colabora con el grupo criminal, facilitando su dominio en municipios del Bajo Mixe y partes de Veracruz.
El día del secuestro de Sandra y Alexander, testigos relataron que fueron interceptados por tres camionetas en las que viajaban hombres armados. Sandra fue levantada mientras compraba fruta, después de que los sicarios recibieran la orden directa de “subir también a esa pinche india”. Posteriormente, fueron llevados a una bodega en Veracruz, propiedad de uno de los líderes del cártel. Esa misma tarde, los criminales habrían celebrado el crimen en un restaurante local, custodiados por elementos de la AEI.
Estado20 también documentó que, días antes de la ejecución de un integrante del cártel conocido como “El Temo”, altos mandos de la policía estatal habrían solicitado pagos al grupo criminal a cambio de protección. Uno de los comandantes, Armando Pinacho Martínez, alias “El Pitbull”, habría asistido a esa reunión junto con otros mandos operativos. Según los pobladores, “El Temo” fue el único que se negó a pagar la cuota, y poco después fue abatido durante un cateo en el rancho “El Capricho”.
Finalmente, los habitantes de la zona aseguran que estos grupos armados mantienen retenes ilegales, extorsionan a comerciantes y organizan actividades clandestinas como carreras de caballos y peleas de gallos.
Bajo resguardo de autoridades locales, continúan operando con total impunidad. “¿Algún día veremos en prisión a quienes ordenaron el asesinato de Sandra?”, cuestionan con indignación quienes aún exigen justicia por el caso.

