
Caos e irregularidades emergen en los centros de verificación vehicular de #Oaxaca; es medida recaudatoria, más que ecológica
La Secretaría de Movilidad de Oaxaca (Semovi) anunció esta tarde una extensión del plazo para cumplir con la verificación vehicular correspondiente al primer semestre de 2025, luego de que usuarios reportaran filas interminables, falta de organización y atención precaria en los verificentros de la zona metropolitana de Oaxaca capital. La prórroga refleja la presión social ante una operación evidente de recaudación sin condiciones adecuadas para los conductores.
Desde tempranas horas, cientos de automovilistas comenzaron a formarse en Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Xoxocotlán y la colonia Reforma, donde las filas se extendieron por cuadras. En algunos verificentros limitaron la atención a apenas 60 vehículos diarios, y operadores informaron que se quedaron sin hologramas (lo que siempre dicen), que llegarán hasta dentro de 20 días. La práctica de entregar fichas anticipadas según orden de llegada ha colapsado con el aumento repentino de afluencia.
Conductores describen a reporteros locales esperas que superan las 12 horas, y criticaron que en cada centro solo un verificador atiende a cientos de autos. Algunos ciudadanos perdieron hasta dos días de trabajo por acudir con ilusión de cumplir la obligación, solo para encontrarse con pretextos como fallas del sistema de Semovi o simplemente falta de atención. La falta de personal es evidente, lo que convierte al proceso en un obstáculo burocrático sobrecargado.
En paralelo, funcionarios del gobierno estatal habían declarado en octubre de 2024 que la revisión en los verificentros presentaba corrupción generalizada: servicios lentos, falta de entrega de recibos fiscales y oferta ilegal de certificados sin inspección presencial. A este se suma que muchas concesiones están en manos de empresas supuestamente “fantasma”, creadas de forma exprés ante un solo corredor público, responsables de la emisión de hologramas sin regularidad ni supervisión efectiva.
La condición actual refleja una absoluta desorganización institucional: verificentros operan sin certificación confiable, sin personal suficiente y con equipos disfuncionales. La situación ha reforzado la percepción de que este esquema se trata más de un mecanismo recaudatorio que de una medida ambiental seria. Mientras los conductores endurecen su protesta, las autoridades aún no ofrecen claridad sobre la transparencia, el uso de los recursos captados ni el destino verdadero de los fondos.

