
Cambios políticos ensombrecen camino de minera Grupo México
Se dice que donde hubo fuego, cenizas quedan y Grupo México no podría estar más de acuerdo. La empresa ha vivido una tórrida relación con uno de los líderes sindicales más controvertidos de los últimos tiempos, Napoleón Gómez Urrutia, quien regresó a México de su autoexilio con un escudo al frente: como senador y dispuesto a ir con todo contra sus viejos enemigos.
El cambio de gobierno le cayó como un balde de agua fría al sector minero, en especial, a Grupo México, que dirige Germán Larrea. Para empezar, Gómez Urrutia, conocido por sus posturas contra la minería, se presentó como senador de Morena, responsable de proyectos que preocupan a la industria: una iniciativa a la Ley Minera y cambios en el Fondo Minero.
El regreso del exlíder sindical revivió viejos rencores. En 1990, cuando Grupo México compró Minera de Cananea –hoy Buenavista del Cobre, subsidiaria del grupo–, ésta tenía adeudos con los trabajadores. Por ello, creó un fideicomiso para pagarles, pero los 55 millones de dólares nunca llegaron a sus manos y se acusó a Gómez Urrutia –quien era dirigente del sindicato– de malversar los fondos.
Éste lo negó y señaló, a su vez, a Grupo México por malos manejos, pero ante las acusaciones que pesaban sobre él, huyó a Canadá. Ahora, se perfila para la titularidad sindical en la mina, la más importante de Grupo México y una de las más grandes en cuanto a reservas de cobre a nivel mundial.
Éste es uno de los principales riesgos que hoy enfrenta la empresa, según Rodrigo Garcilazo, analista del sector minero en GBM y quien lleva más de una década dando cobertura a la firma. Pero que se materialice depende de varios factores.
Las autoridades han comentado que no se prevén modificaciones a la ley en el corto plazo, pero lo que sí es un hecho es el cambio en la repartición del Fondo Minero, creado en 2014 y que recauda 7.5% de la utilidad operativa de las mineras para otorgarlo al desarrollo de las comunidades cercanas a los yacimientos.
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Morena sugirió cambios a la ley para aumentar la vigilancia sobre las concesiones si las empresas no presentan un informe anual sobre el impacto social de sus proyectos.
El monto era proporcional a la participación en la producción y un comité conformado por integrantes de la federación, del Estado, municipios, empresas y de la comunidad proponía y aprobaba las obras a realizarse con ese dinero.
Una de las localidades beneficiadas con este fondo es Nacozari, en Sonora. Gracias a él, sus 13,000 habitantes cuentan con un centro comercial, cine, casa de la cultura e instalaciones deportivas. Aquí, se ha llegado a un acuerdo entre gobierno y empresa: las autoridades destinan los recursos del fondo a la mejora de la infraestructura pública y Grupo México se encarga de su operación, pagando a los profesores que dan las clases u otorgando los materiales necesarios para realizar las actividades.
Hasta ahora ha funcionado y los habitantes se muestran contentos, pero esto cambiará. Ahora, el dinero será repartido directamente a la población a través de tarjetas de apoyo.
“Ya no va a haber esta mejora para tener una infraestructura digna. El impuesto minero ayudaba a darle solución a problemas básicos como abastecimiento de agua, y ahora ese dinero va a ser individual. Lo que tenemos que hacer es pensar como un colectivo y no gastar ese dinero en cervezas o en una pantalla, y mejor en algo que tenga trascendencia para la comunidad”, dice Sergio Villa, subgerente de Desarrollo Comunitario de la mina La Caridad, de Grupo México.
El gobierno federal decidió ejercer, de forma directa ese fondo –que, en 2017, sumaba más de 3,700 millones de pesos–, bajo el argumento de que se distribuya con transparencia y de forma más equitativa, pero, para Brenda Rogel, socia del despacho de abogados Hogan Lovells, ésa no es la solución.
“Están quitando de intermediarios a los comités para que esos recursos lleguen de manera directa a las comunidades, pero sigue siendo lo mismo: mientras no tenga suficientes reglas, claridad en cómo se distribuyen, con base en qué, cómo se destinan y cómo se aprueban los proyectos, los temas de transparencia como el problema de la distribución van a continuar”, dice.
A nivel local, hay otros temas que causan debate, como los impuestos ecológicos. En febrero, la Suprema Corte de Justicia falló a favor del estado de Zacatecas para que pueda establecerlo. Esto abre la puerta a que otros estados puedan aplicar esta contribución.
La industria está preocupada por la cantidad de iniciativas presentadas. La Cámara Minera de México (Camimex), que agrupa a 93% de las empresas mineras en el país, señala que ha estado en contacto con funcionarios y con senadores y les ha externado su “preocupación” ante la posibilidad de que surjan situaciones que tengan como sustento criterios erróneos y partan de supuestos “que, en algunos casos, están alejados de la realidad”.
La falta de certidumbre jurídica desincentiva la inversión, que ha ido a la baja en una industria que perdió parte de su atractivo. Según el último informe anual de la Camimex, elaborado en 2018, la inversión nacional en la industria minero-metalúrgica fue de 4,300 MDD, 46% menos que hace cinco años.
Esta nota originalmente se publicó en Expansión

