Burócratas despedidos piden a DDHPO que se pronuncie contra inconstitucionalidad del decreto 42 del Congreso
Burócratas despedidos por el Gobierno de Oaxaca han alzado la voz contra el decreto 24 emitido por el gobernador Salomón Jara Cruz, presentando una queja formal ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). En su recurso, los afectados alegan que dicho decreto vulnera diversos derechos humanos fundamentales, entre ellos la dignidad, el derecho al trabajo y la estabilidad laboral. Este conflicto afecta no solo a los empleados despedidos, sino también a sus familias, ya que el decreto provocó la eliminación de las plazas de 1,344 trabajadores, derivando en despidos que califican como injustificados.
El abogado Víctor Hugo Carriedo Zárate, representante legal de los trabajadores, señaló este miércoles que la DDHPO ha sido omisa en su responsabilidad de pronunciarse sobre las irregularidades del decreto, el cual calificó como inconstitucional e inconvencional. Ante esta situación, el grupo de afectados solicita que la Defensoría inicie los trámites correspondientes para garantizar la protección de sus derechos y exigen la realización de mesas de trabajo con las autoridades estatales. El objetivo es esclarecer los criterios utilizados para la reincorporación de 667 trabajadores, quienes hasta ahora permanecen en condiciones de incertidumbre laboral.
En este contexto, se destacó el caso de Gaspar Cruz Atanacio, un trabajador con más de 30 años de servicio en el gobierno estatal, quien fue despedido a pesar de haber recibido reconocimientos por su trayectoria. “No se tomó en cuenta su historial laboral ni se le consideró para la reincorporación. Exigimos claridad sobre los mecanismos empleados para reincorporar a algunos trabajadores mientras otros quedaron excluidos”, señaló Carriedo Zárate.
Asimismo, el abogado denunció que los trabajadores reincorporados enfrentan una situación laboral incierta, ya que al acudir a la Junta Laboral del gobierno únicamente se les han hecho firmar documentos sin restituirles efectivamente sus espacios de trabajo. Esto genera desconfianza y agrava el sentimiento de vulnerabilidad entre los afectados. Según el abogado, esta omisión por parte de las autoridades constituye una falta grave de transparencia y respeto a los derechos laborales.
Además de buscar la protección de los derechos de los trabajadores despedidos, los quejosos demandan que la DDHPO interponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto 24, argumentando que este contraviene los principios fundamentales establecidos en la Constitución y en tratados internacionales. El objetivo principal es que se reconozca la inconstitucionalidad del decreto y se garantice la restitución de los derechos laborales de los afectados.
Finalmente, Carriedo Zárate subrayó que la titular de la DDHPO, Elizabeth Lara, tiene la obligación de actuar frente a las violaciones de derechos humanos derivadas del decreto 24. “Es imperativo que la Defensoría se pronuncie de manera contundente y transparente, ya que su omisión solo perpetúa las injusticias y la vulneración de los derechos de cientos de trabajadores y sus familias”, concluyó.
