Burócratas despedidos por el gobernador Salomón Jara presentarán una controversia constitucional ante la SCJN
Los trabajadores despedidos tras la aprobación del decreto 24, emitido por el gobernador Salomón Jara y avalado por el Congreso de Oaxaca, presentarán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El abogado Miguel Ignacio Villanueva López, representante de los afectados, aseguró que el decreto es inconstitucional y vulnera derechos humanos fundamentales, al suprimir las mil 344 plazas sin seguir el procedimiento establecido en la ley.
El decreto, que eliminó las bases de los trabajadores, ha sido señalado por los abogados como una violación al derecho a la estabilidad laboral, al sustento económico y a garantías básicas como educación, salud y dignidad humana. Aunque el decreto contempla la indemnización, esta se condiciona a la disponibilidad presupuestal, lo que contradice la Ley del Servicio Civil y la Constitución. Además, el abogado explicó que el procedimiento legal establece que los trabajadores deben ser reasignados a una plaza similar o recibir una indemnización adecuada, según su elección.
A través de amparos interpuestos, los afectados han logrado la suspensión provisional del decreto y el reconocimiento de un “mínimo vital” del 30% de su salario. Sin embargo, Villanueva López anunció que buscarán modificar esta resolución para garantizar el pago del 100% del salario y las prestaciones sociales.
Los trabajadores despedidos por el gobernador Jara Cruz llevan ocho días en plantón frente al Palacio de Gobierno para exigir su reinstalación y el respeto a sus derechos laborales. Los afectados han solicitado una audiencia con el mandatario estatal>, pero hasta ahora no han recibido respuesta.
Los trabajadores han entregado oficios y peticiones formales a las autoridades a través de Atención Ciudadana, pero siguen sin ser escuchados. El abogado enfatizó que el decreto 24 afecta no solo a los trabajadores despedidos, sino también a sus familias, al privarlos de sustento económico y estabilidad. Añadió que la decisión de promover una controversia constitucional busca obtener un beneficio colectivo para todas las personas perjudicadas por esta medida arbitraria.
