Aumenta el descrédito del gobierno de Jara; en Matías Romero, ciudadanos protestan en acto oficial, por abandono
En un contexto marcado por la inconformidad ciudadana y la creciente tensión social, habitantes de Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec, recibieron al gobernador Salomón Jara Cruz con protestas, consignas y pancartas durante una visita oficial. Mientras el mandatario morenista encabezaba actividades como parte de su gira de trabajo, un nutrido grupo de ciudadanos salió a las calles a exigir soluciones a problemáticas urgentes que, aseguran, han sido ignoradas sistemáticamente.
Las demandas abarcaron desde la falta crónica de agua potable hasta la exigencia de alto a la criminalización de defensores del territorio. Representantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) denunciaron la persecución judicial contra 24 activistas de comunidades como Mogoñe Viejo y Rincón Viejo, quienes han resistido al megaproyecto del Tren Transístmico. Para los manifestantes, el desarrollo prometido ha venido acompañado de violencia institucional y represión.
En lugar de diálogo, afirman los inconformes, han recibido denuncias penales, vigilancia y hostigamiento. La Misión Civil de Observación —integrada por organismos de derechos humanos— ha documentado diversas violaciones cometidas en contra de quienes se oponen al Corredor Interoceánico: agresiones físicas, amenazas, detenciones arbitrarias y campañas de desprestigio que se han intensificado con el avance del proyecto federal.
La protesta en Matías Romero puso en evidencia un hartazgo que va más allá del tema ambiental o territorial. A los reclamos por justicia para los defensores criminalizados, se sumaron voces que exigieron servicios públicos básicos: agua potable, atención médica, seguridad y espacios para mujeres víctimas de violencia. La falta de infraestructura en salud y la ausencia de un refugio para mujeres violentadas fueron parte de las exigencias lanzadas directamente al gobernador.
Vecinos denunciaron que hay colonias enteras sin acceso regular al agua y que el servicio es deficiente incluso en zonas urbanizadas. Además, reprocharon la nula atención de la Comisión Federal de Electricidad, que ha sido señalada por abusos en los cobros y cortes injustificados. Mientras el discurso oficial habla de transformación y bienestar, la realidad que exponen los ciudadanos es la de abandono y simulación.
Pese al descontento, la administración estatal ha intentado proyectar una imagen de gobernabilidad y avance. Durante el evento, Jara Cruz anunció una inversión de 15 millones de pesos para mejorar la red de agua potable y la entrega de pipas para paliar el desabasto. Sin embargo, los manifestantes consideran que estas medidas son paliativos temporales frente a una crisis estructural que requiere soluciones de fondo y voluntad política real.
La jornada de protesta dejó en claro que, al menos en Matías Romero, la llamada Cuarta Transformación enfrenta un creciente descrédito. La criminalización de la protesta social, el abandono institucional y la imposición de megaproyectos sin consulta previa han fracturado la relación entre el gobierno estatal y comunidades indígenas que, lejos de rendirse, siguen organizadas en defensa de sus derechos.
