Alertan en los SSO sobre pagos ilegales a la empresa de seguridad privada consentida de Jarquín González
Trabajadores de la Secretaría de Salud de Oaxaca exigieron al gobernador Salomón Jara una auditoría inmediata a los Servicios de Salud del estado (SSO), tras detectar presuntas irregularidades y sobregiros en el presupuesto destinado a seguridad hospitalaria. Señalan falta de transparencia y un uso discrecional de recursos públicos sensibles.
Mediante un comunicado, personal del sector salud alertó sobre inconsistencias en el contrato de seguridad privada de los SSO. La urgencia consiste en aclarar el manejo financiero, ante indicios de opacidad que comprometen la confianza pública y la correcta operación de unidades médicas.
De acuerdo con la información presentada, en agosto de 2025 se autorizó un monto de 15 millones 956 mil 960 pesos a la empresa Máxima Guía S.A. de C.V. Sin embargo, entre noviembre y diciembre el monto facturado ascendió a 27 millones 572 mil 040 pesos.
El incremento, superior a 11.6 millones de pesos en apenas tres meses, no ha sido explicado públicamente. Los denunciantes cuestionan cómo y por qué se autorizó un aumento de tal magnitud, sin que existan informes claros que justifiquen la ampliación presupuestal del contrato de seguridad hospitalaria.
Además del sobregiro, se documentan inconsistencias graves: documentos oficiales muestran logotipos y participación operativa de Serprosep, empresa distinta a la contratada. Testimonios señalan facturación fantasma por servicios cobrados pero no prestados, turnos inexistentes y puestos inventados en diversas unidades médicas del estado.
Los señalamientos apuntan directamente al secretario de Salud, Efrén Emmanuel Jarquin González; a la Dirección de Recursos Materiales, encabezada por Mitzi Dayli García Díaz; y, en términos políticos, a la administración estatal, al tratarse de un contrato millonario adjudicado de manera directa.
Los trabajadores exigen auditoría inmediata al contrato 55/2025 y sus ampliaciones, un informe público del aumento presupuestal y la verificación de los servicios facturados. Advierten que, de confirmarse irregularidades, deben fincarse responsabilidades administrativas o penales. Oaxaca, subrayan, exige transparencia y rendición de cuentas.
