Acusan a Jara y Chagoya de intento de desaparición forzada de personas en situación de calle durante “Operación Pescador” en Oaxaca de Juárez
En lo que diversos sectores han calificado como una flagrante violación a los derechos humanos, el gobierno estatal de Salomón Jara Cruz y el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez encabezado por Raymundo Chagoya Villanueva implementaron la llamada “Operación Pescador”, una intervención policiaca que derivó en la detención masiva de al menos 425 personas en situación de calle, bajo el argumento de reducir los índices delictivos en la capital del estado.
La acción se desplegó con la participación de más de mil elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes ingresaron a la Central de Abasto y a la terminal camionera para detener a personas indigentes, en su mayoría con problemas de drogadicción. Sin embargo, en lugar de canalizarlos a través de protocolos adecuados y con enfoque de derechos humanos, fueron literalmente abandonados en municipios vecinos sin coordinación ni consentimiento de las autoridades locales.
Los alcaldes de municipios como San Pablo Huixtepec, Zimatlán de Álvarez y San Bartolo Coyotepec expresaron su rechazo enérgico al ingreso forzado de estas personas, que fueron trasladadas en autobuses sin previo aviso. En Zimatlán, incluso se ordenó el cierre de un supuesto centro de rehabilitación que operaba sin permisos y que había recibido a unos 40 de los detenidos.
La presidenta municipal de Zimatlán, Concepción Ibáñez Contreras, denunció públicamente que las autoridades estatales no contaban con infraestructura para atender a estas personas y que se les había confirmado que no existía un plan claro de reinserción o tratamiento. “No se vale que nos los manden sin consultar, sin medios, y sin atención. Esto no es una estrategia, es abandono”, declaró.
En redes sociales circularon imágenes de personas deambulando sin rumbo en comunidades del valle de Tlacolula, Reyes Mantecón y Huixtepec. Paramédicos de organizaciones privadas acudieron en auxilio, al constatar que varios de los desplazados sufrían crisis por abstinencia, deshidratación o desnutrición. Las escenas fueron descritas por activistas como un intento de “desaparición forzada encubierta”.
Aunque el gobierno estatal presumió una reducción del 63% en los delitos de la zona de la Central de Abasto tras el operativo, omitió informar sobre el paradero y el estado actual de los detenidos. Muchas de estas personas regresaron a pie a Oaxaca capital en los días siguientes, retomando sus rutinas en condiciones aún más precarias.
La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública celebraron como un logro la detención de tres presuntos halcones y la recuperación de seis vehículos robados, sin mencionar el caos generado por el tratamiento inhumano a los sectores vulnerables, ni el hecho de que no existió una coordinación efectiva con los municipios receptores.
Organizaciones de derechos humanos locales han exigido una investigación inmediata sobre la actuación del gobierno estatal y municipal. Advierten que este tipo de operativos no solo son inútiles desde el punto de vista sanitario y social, sino que además constituyen una forma moderna de limpieza social encubierta bajo el discurso de la seguridad pública.
“La ‘Operación Pescador’ mostró un rostro autoritario y deshumanizado del gobierno”, dijo un representante del colectivo Oaxaca No Se Vende. “No se combate la pobreza barriendo a los pobres de la calle como si fueran basura. Se necesita inversión social, atención médica y estrategias reales, no espectáculos represivos”.
Hasta el momento, ni el gobernador Salomón Jara ni el edil Raymundo Chagoya han emitido disculpas ni ofrecido explicaciones claras sobre el destino de las más de 400 personas desplazadas. El operativo ha abierto una profunda herida en el tejido social de Oaxaca, y ha encendido las alarmas sobre el uso de la fuerza pública para encubrir la incapacidad institucional frente a la creciente exclusión social.
