Activistas pro derechos de mujeres exigen resolver caso IEEPCO con enfoque de género
Activistas por los derechos de las mujeres e integrantes de distintos colectivos pidieron al INE y al Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) a resolver con enfoque de género la destitución de la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez González, quien fue removida del cargo el pasado 17 de abril.
En una carta dirigida a la opinión pública, denuncian que existe “persecución administrativa” en contra de Sánchez González, por parte del contralor interno del referido órgano electoral, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez.
De acuerdo con su versión, al no ser beneficiado con un bono por las elecciones de Sistemas Normativos Indígenas, el contralor provisional inició desde 2023 una serie de acciones como auditorías y procesos administrativos para intentar remover de su cargo a la consejera presidenta del IEEPCO. Por ello, piden también que sea investigado.
Estas acciones, dice el Colectivo para la Ciudadanía de las Mujeres, representan asedio y tiene un “sesgo machista, misógino y violento contras las mujeres”, ya que durante la presidencia anterior, encabezada por un hombre, nunca tuvieron lugar.
Recordaron que en septiembre de 2023 el mismo contralor intentó por primera vez intentar remover de su cargo a Elizabeth Sánchez González, dictándole una suspensión de manera temporal, pero indefinida, por un procedimiento de responsabilidad administrativa, sin tener la facultad paa ello.
Por eso el Instituto Nacional Electoral (INE) y la presidenta del IEEPCO acudieron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual determinó su reinstalación inmediata, debido a que dicha contraloría no tiene competencia para determinar la suspensión decretada.
En represalia, abunda el colectivo, el contralor acudió en nombre del IEEPCO a la Suprema Corte y al Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca para iniciar un procedimiento de remoción en contra de Elizabeth Sánchez, siendo esta última instancia, controlada por el Gobierno de Oaxaca, la que resolvió inhabilitarla por un año el pasado 10 de abril de 2024.
De acuerdo con el Colectivo, esta sanción se debió ejecutar hasta que se agotaran todos los medios de impugnación y no como se hizo, de manera inmediata, después de la notificación, lo que va contra la legalidad.
