Abogados de Chiapas exigen intervención federal urgente ante creciente tensión territorial en zona de Chimalapas
Organizaciones de abogados de Chiapas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos exigieron a las autoridades federales garantizar la seguridad urgente y el respeto absoluto a los habitantes del noreste de Cintalapa, donde veinticuatro ejidos mantienen un complejo litigio limítrofe por aproximadamente ciento sesenta mil hectáreas.
El conflicto territorial histórico entre Chiapas y Oaxaca ha provocado una nueva ola de tensión y constantes alertas de enfrentamientos. Ante este panorama crítico, los representantes jurídicos recalcaron la imperiosa necesidad de que el gobierno federal intervenga para prevenir cualquier acto de violencia en las comunidades rurales involucradas.
José Manuel Blanco Urbina recordó que la controversia constitucional número ciento veintiuno diagonal dos mil doce se mantiene actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los juristas confían en que el máximo tribunal del país emita un fallo estrictamente apegado a derecho y a la justicia mexicana.
Los litigantes argumentan que las tierras en disputa pertenecen a Chiapas, respaldándose en la federación histórica del estado a México ocurrida en mil ochocientos veinticuatro. Asimismo, solicitaron un replanteamiento profundo de los linderos para confirmar la posesión sobre los codiciados territorios de San Miguel y Santa María Chimalapas.
La reciente e inesperada incursión de elementos policiales incrementó drásticamente la zozobra comunitaria. Los pobladores de la región interpretaron dicha presencia institucional como una agresión directa a su soberanía territorial, mientras que los abogados chiapanecos insistieron en que el área forma parte del municipio de Cintalapa.
Como antecedente legal relevante, la Barra Chiapaneca de Abogados interpuso una queja internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio de dos mil veintidós. Esta acción buscaba revertir el fallo emitido previamente por la Suprema Corte en dos mil veintiuno, el cual beneficia directamente al vecino estado de Oaxaca.
Los profesionales del derecho manifestaron su absoluta disposición para defender jurídicamente a los habitantes chiapanecos. Reiteraron categóricamente que ningún ciudadano debe ser despojado de sus propiedades históricas y exigieron prudencia institucional para evitar confrontaciones violentas permanentes entre comunidades hermanas de ambas entidades federativas.
