Oaxaca ocupa segundo lugar nacional en trabajo infantil; pobreza y desigualdad amenazan desarrollo de miles de menores
Oaxaca ocupa el segundo lugar nacional en trabajo infantil, con una tasa de 20.9% entre niñas, niños y adolescentes de cinco a 17 años, según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2025 del Inegi. Guerrero encabeza la clasificación y Chiapas ocupa el tercer puesto, con 22.6% y 20.3%, respectivamente.
La dimensión del problema supera el promedio nacional de 12.6%. En México, aproximadamente 3.5 millones de los 27.5 millones de menores de edad realizaban actividades consideradas trabajo infantil durante 2025. En Oaxaca, la proporción equivale a más de uno de cada cinco menores, una realidad que evidencia desigualdades sociales persistentes.
La definición estadística incluye empleo por debajo de los 15 años, ocupaciones peligrosas para adolescentes de 15 a 17 y labores domésticas realizadas en condiciones inadecuadas. No todo apoyo familiar constituye explotación; la clasificación depende de la edad, los riesgos, las jornadas y las condiciones en que se desarrolla.
Entre las ocupaciones no permitidas, 27.7% corresponde al sector agropecuario, 27.3% a servicios y 24.5% al comercio. Estos espacios laborales pueden exponer a menores a herramientas, sustancias, cargas físicas o jornadas extensas, mientras reducen el tiempo disponible para estudiar, descansar, jugar y convivir, actividades esenciales para su desarrollo integral.
Las consecuencias trascienden el ingreso familiar. El trabajo prematuro puede afectar la salud, el descanso y el aprendizaje, además de limitar oportunidades educativas y laborales futuras. La encuesta reportó que la incidencia llega a 48.4% entre menores que no asisten a la escuela, frente a 9.9% entre quienes sí acuden.
Las diferencias por género también importan: los niños representaron seis de cada diez menores en trabajo infantil, mientras las niñas fueron cuatro. Sin embargo, ellas enfrentan una carga particular en comercio, servicios y tareas domésticas no adecuadas, labores que suelen permanecer invisibles porque se realizan en hogares o negocios familiares.
El campo concentra una parte importante de las ocupaciones no permitidas, pero el fenómeno no se limita a zonas rurales. En localidades menores de cien mil habitantes, la tasa nacional alcanzó 15.7%, frente a 8.4% en las más urbanizadas, reflejo de desigualdades territoriales, pobreza y menor acceso a oportunidades.
En Oaxaca, combatir el problema exige algo más que campañas de sensibilización: requiere inspección laboral efectiva, protección social para hogares vulnerables, permanencia escolar y alternativas de ingreso para las familias. Sin atender las causas económicas, la prohibición legal puede quedarse en el papel y las actividades riesgosas continuar ocultas en comunidades marginadas.
El gobierno estatal informó en diciembre de 2025 que había instalado 255 comités municipales para prevenir y erradicar el trabajo infantil, además de realizar caravanas y actividades de lectura. La existencia de estas estructuras, sin embargo, debe traducirse en resultados verificables, detección de casos, atención a víctimas y coordinación institucional.
Los datos colocan a Oaxaca ante una responsabilidad colectiva: autoridades, empleadores, escuelas y comunidades deben evitar que la necesidad económica convierta la infancia en fuerza laboral. Garantizar educación, juego, salud y protección no es únicamente una obligación legal; también es condición para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.
