Ferieros de Zaachila, Oaxaca, denuncian cobro de 250 mil pesos vía ASAEO y cancelan feria de septiembre

Ferieros de Zaachila, Oaxaca, denuncian cobro de 250 mil pesos vía ASAEO y cancelan feria de septiembre

Ferieros y operadores de juegos mecánicos denunciaron que el alcalde de Villa de Zaachila, Oaxaca, Ernesto Vargas López, los canalizó con la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) para autorizar el uso de la Unidad Deportiva de ese municipio, dando a entender que esa agrupación criminal controla las decisiones municipales.

Según su testimonio, el cobro inicial de unos 50 mil pesos que en años anteriores se gestionaba ante el Ayuntamiento ahora subió a 250 mil pesos para las fiestas de septiembre de 2026.

Los trabajadores identificaron a intermediarios de ASAEO, a quienes identifican a “El Chetos” y “El Bizco” como lo intermediarios del alcalde Vargas López, y calificaron la exigencia como extorsión o cobro indebido por un espacio público municipal. 

Por primera vez en más de 80 años de tradición en Zaachila, el gremio canceló la instalación de juegos mecánicos por la intervención de la ASAEO y anunció que este año no se presentará en la unidad deportiva.

Los denunciantes cuestionan que una organización criminal ajena al municipio intervenga en los permisos de un predio municipal y pidieron que el hecho sea investigado por la Fiscalía de Oaxaca, la FGR y la Secretaría de Seguridad Pública federal.

En redes y medios locales circuló el comunicado del sector, que insiste en que el trámite siempre fue directo con el Ayuntamiento y que el salto de tarifa coincide con la intermediación de ASAEO.

ASAEO ha aparecido antes en denuncias de diversos sectores ligadas a movilización políticas, presiones en procesos universitarios y actividades criminales; en este caso, los ferieros la señalan como el intermediario con el gobierno de Zaachila para operar en septiembre.

Hasta ahora no hay respuesta pública del alcalde Ernesto Vargas López —ni de la organización criminal— que desmienta o explique el cambio de condiciones.

Los afectados exigen que se les permita trabajar sin intermediarios y que las autoridades esclarezcan quién autorizó el cobro y a dónde irían los 250 mil pesos.

 

 

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