Llega comisión de comuneros chimas a Díaz Ordaz, bajo custodia, para diálogo agrario pacífico en zona limítrofe
Este viernes, unos 450 comuneros de San Miguel Chimalapa arribaron a las inmediaciones del ejido Gustavo Díaz Ordaz, en Cintalapa, Chiapas, zona limítrofe con Oaxaca, escoltados por autoridades estatales y federales. Venció el plazo de 30 días fijado el 4 de agosto para disolver el núcleo ejidal o integrarse al régimen comunal zoque.
Los comuneros reclaman cuatro mil 975 hectáreas reconocidas como bienes comunales desde 1967. El presidente del comisariado, Eliézer Gutiérrez, informó que la comisión oficial los esperaba en El Jícaro, entrada serrana donde históricamente ejidos chiapanecos y comunidades oaxaqueñas disputan tierras, bosques y acceso al agua para cultivo y conservación ambiental.
Del total se integró una delegación oaxaqueña la encabeza el subsecretario de Desarrollo Político, Angelino López Cortés, acompañado por un delegado de paz y visitadores de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Participan además Secretaría de Gobierno, Seguridad Pública, Segob, Junta de Conciliación Agraria y Coordinación de Delegados de Paz.
La caravana llegó antes del mediodía a Díaz Ordaz para entablar diálogo directo con ejidatarios. El perímetro permanece resguardado por elementos Pakales de Chiapas, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Hubo confusión operativa: Pakales ingresaron de madrugada, se retiraron después de las ocho y regresaron una hora después.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ordenó mantener Guardia Estatal y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal para evitar confrontaciones. Advirtió que no tolerará violencia ni despojos y llamó a privilegiar diálogo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos alertó riesgo de desplazamiento de familias ejidales ante posible desalojo forzado en zona.
Los ejidatarios rechazan disolver su núcleo agrario constituido semanas después del reconocimiento comunal de 1967. Cientos de pobladores de 17 comunidades de Cintalapa marcharon el miércoles para exigir respeto a derechos agrarios. Afirmaron que no permitirán desalojo y unas 420 familias temen perder parcelas, viviendas y servicios vinculados a Chiapas.
El conflicto agrario se remonta a 1967, cuando se reconocieron bienes comunales chimalapas y, semanas después, se dotó a Díaz Ordaz sobre la misma superficie. En 2021 la Suprema Corte definió límites territoriales a favor de Oaxaca en unas 160 mil hectáreas, pero no extinguió derechos agrarios previamente adquiridos por ejidatarios.
La Procuraduría Agraria propuso instalar una mesa de diálogo el lunes 7 de septiembre en Oaxaca. Ambos gobiernos aseguran coordinarse con la Secretaría de Gobernación para impedir un enfrentamiento. Comuneros insisten en recuperar su territorio ancestral; ejidatarios piden certeza jurídica, reubicación digna o indemnización justa si se modifica su estatus agrario actual.
En un comunicado, el Gobierno de Oaxaca informó que el subsecretario Angelino López Cortés encabeza la comisión integrada por autoridades federales, estatales y 30 comuneros chimalapas. Dicha comisión arribó este viernes a Gustavo Díaz Ordaz para continuar el proceso de diálogo y atención institucional en territorio.
La Secretaría de Gobierno mantiene presencia permanente y coordinada en territorio para construir, mediante el diálogo, acuerdos que permitan una solución pacífica y definitiva al conflicto. Señala que hay cuerpos de seguridad federales y estatales para preservar tranquilidad y acompañar acciones institucionales.
