Fiscal acusa a Defensoría de Derechos Humanos de no levantar carpeta de queja y violar secrecía en caso Leyva Aguilar
El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, acusó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, dirigida por Elizabeth Lara Rodríguez, de incumplir la secrecía de la investigación por el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar. Señaló que la ombudsperson cedió a peticiones y filtró información que podría perjudicar el proceso penal.
Rodríguez Alamilla explicó que la Fiscalía decidió no entregar datos sobre las amenazas que Leyva Aguilar denunció antes de su muerte, ocurrida el 22 de julio en San Pablo Etla. Negó de manera categórica que la carpeta de investigación se hubiera extraviado, como afirmó la titular de la Defensoría en días recientes.
En conferencia de prensa, en la que informó sobre la captura del autor material del asesinato del alcalde de San Juan Cacahuatepec, el fiscal subrayó que la institución a su cargo no tiene obligación legal de proporcionar la carpeta completa a la Defensoría. Afirmó que todas las actuaciones de la Fiscalía se han realizado conforme al marco jurídico vigente y a los principios de reserva que rigen las investigaciones penales en curso.
Además, Rodríguez Alamilla recordó que en casos previos se han registrado filtraciones de información procedentes de la Defensoría. Estas revelaciones, dijo, han comprometido la integridad de las pesquisas y han dificultado el trabajo de los investigadores para esclarecer los hechos.
La acusación surge luego de que Lara Rodríguez denunciara omisiones de la Fiscalía estatal y de instancias federales. La ombudsperson aseguró haber solicitado en cinco ocasiones medidas de protección para el periodista y haber documentado irregularidades en el manejo de la carpeta de amenazas.
Leyva Aguilar había reportado intimidaciones desde julio de 2025 y presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República, que declinó competencia a favor de la fiscalía oaxaqueña. La Defensoría sostiene que la respuesta institucional fue insuficiente y tardía.
El fiscal insistió en que la investigación por el homicidio sigue abierta y prioritaria. Reiteró el compromiso de la Fiscalía de esclarecer el crimen contra la libertad de expresión y llevar a los responsables ante la justicia, sin afectar la secrecía procesal.
