
Conagua clausura 66 pozos ilegales en Oaxaca y golpea red de huachicol del agua clandestina
La Comisión Nacional del Agua intensificó en Oaxaca su ofensiva contra la extracción ilegal de agua, al clausurar 66 pozos profundos que operaban fuera de la ley. La mayoría abastecía el lucrativo mercado clandestino de pipas, agravando la sobreexplotación de acuíferos en los Valles Centrales del estado de Oaxaca.
Entre octubre de 2024 y junio de 2026, la Conagua realizó 329 visitas de inspección en territorio oaxaqueño. Como resultado, además de los 66 pozos clausurados, fueron detectadas cinco ocupaciones irregulares en zonas federales y cuatro bancos de materiales pétreos explotados ilegalmente en distintas regiones del estado.
La dependencia federal también impuso tres suspensiones de actividades por descargas irregulares de aguas residuales, en un esfuerzo por frenar prácticas que deterioran ecosistemas y comprometen la disponibilidad del recurso hídrico. Las acciones forman parte del reordenamiento nacional impulsado por el gobierno federal en materia de concesiones hidráulicas.
La estrategia responde a la política federal enfocada en combatir la corrupción alrededor del agua, evitar el despojo de comunidades y garantizar un manejo más justo del recurso. Oaxaca figura entre los estados prioritarios debido al estrés hídrico que enfrentan sus principales acuíferos actualmente.
Los Valles Centrales concentran varios de los operativos más relevantes debido a la alta demanda de agua transportada en pipas y al creciente abatimiento de mantos freáticos. Municipios como Santa Cruz Xoxocotlán, Cuilápam de Guerrero, San Sebastián Tutla y Santa Lucía del Camino han sido foco constante de inspecciones.
Entre los casos más destacados figura el cateo realizado en Santa Cruz Xoxocotlán, donde fue clausurado un pozo profundo utilizado para extraer agua sin título de concesión federal. Habitantes denunciaron que la operación funcionaba día y noche abasteciendo carros tanque destinados a la comercialización irregular del líquido.
En marzo de 2026, personal de inspección ejecutó operativos en dos inmuebles adicionales. En esas acciones fueron clausurados tres pozos: uno en San Sebastián Tutla y dos en Santa Lucía del Camino. También se aseguró infraestructura de almacenamiento, incluyendo cisternas y vehículos utilizados para la distribución del agua.
Durante mayo de 2026, otro pozo fue clausurado en Cuilápam de Guerrero, específicamente en la zona del puente de Nazareno. El sitio operaba sin concesión federal y abastecía el mercado informal. La intervención permitió detener una extracción que contribuía al agotamiento acelerado del acuífero regional de forma crítica.
Como parte de estos operativos, las autoridades aseguraron inmuebles, maquinaria y al menos cuatro carros tanque empleados para distribuir el agua extraída ilegalmente. Estas acciones fueron posibles gracias a denuncias ciudadanas que alertaron sobre el llamado huachicol del agua, negocio clandestino cada vez más rentable.
Para ejecutar los cateos, Conagua contó con apoyo de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y corporaciones estatales. Aunque no se reportan clausuras masivas recientes tras junio, la extracción clandestina sigue evidenciando una crisis hídrica que exige vigilancia permanente y sanciones.

