Venta barata de terreno a Mario Delgado precedió a prórroga exprés de concesión playera federal para desarrolladora en Oaxaca
La compraventa de un terreno en la costa de Oaxaca a precio de remate y la posterior ampliación de una concesión federal a la misma empresa encendieron alertas por un posible conflicto de interés que involucra al actual titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y a la inmobiliaria Rancho Milio.
Una investigación del periodista Jorge García Orozco, publicada por Emeequis, documenta que la empresa Rancho Milio S.A. de C.V. vendió a Delgado un predio de 1,400 metros cuadrados por apenas 600 mil pesos, una cifra considerada atípicamente baja para esa zona turística de alta plusvalía.
La operación quedó formalizada el 25 de enero de 2023 mediante escritura pública, cuando Delgado aún fungía como presidente nacional de Morena. El pago, según la documentación revisada, fue de contado, lo que añade atención sobre las condiciones preferenciales del negocio inmobiliario.
El predio adquirido se localiza en Santa María Colotepec, una región costera cercana a Puerto Escondido y Mazunte, donde el valor del suelo ha escalado aceleradamente por el auge turístico y el desarrollo de complejos residenciales y hoteleros.
El dato que genera mayor suspicacia es el precio pagado. Los 600 mil pesos equivalen a aproximadamente 428 pesos por metro cuadrado, muy por debajo del valor comercial observado en la zona, donde lotes similares suelen cotizarse entre 900 y 8 mil pesos por metro cuadrado.
Aunque el valor podría variar según ubicación exacta, accesos o servicios, especialistas coinciden en que una propiedad escriturada en esa franja costera difícilmente se comercializaría a ese precio bajo condiciones normales de mercado, alimentando dudas sobre si la operación fue realmente una transacción entre particulares.
La sospecha crece por el momento en que ocurrió el siguiente movimiento. Apenas dos meses después de vender el terreno a Delgado, Rancho Milio solicitó una prórroga de concesión federal sobre una amplia franja de playa en Oaxaca ante la Secretaría de Medio Ambiente.
La solicitud fue presentada el 30 de marzo de 2023 ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para extender el Título de Concesión DGZF-662/08 sobre 34,367.96 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre, equivalentes a más de 3.4 hectáreas de superficie costera estratégica.
La concesión corresponde a Playa Ventanilla, en el paraje Charco Seco, una zona de alto valor ambiental por sus manglares, formaciones rocosas y actividad ecoturística comunitaria, donde históricamente han existido tensiones entre conservación y desarrollo inmobiliario privado.
La ampliación fue autorizada el 29 de mayo de 2024 por 15 años adicionales, con efecto retroactivo al 24 de septiembre de 2023, cuando la dependencia era encabezada por María Luisa Albores González, lo que incrementó las preguntas sobre la velocidad del trámite.
Formalmente, el terreno vendido a Delgado y la playa concesionada no son el mismo inmueble. El primero pertenece al ámbito privado; la segunda forma parte del dominio público federal bajo régimen ZOFEMAT, por lo que no puede venderse, únicamente concesionarse para usos autorizados.
Sin embargo, la coincidencia temporal entre ambas operaciones —venta subvaluada y posterior beneficio regulatorio— configura un patrón que, aunque no constituye prueba automática de corrupción, sí reproduce esquemas clásicos de intercambio de favores entre poder político y desarrolladores inmobiliarios en destinos turísticos codiciados.
Rancho Milio, constituida en 2002 en Puerto Escondido, se dedica a compraventa de terrenos, fraccionamientos y desarrollo inmobiliario. Entre sus principales integrantes figura la familia Milio, encabezada por Giuseppe Leonardo Milio, administrador único de la sociedad mercantil con operaciones relevantes en la costa oaxaqueña.
El caso también revive cuestionamientos previos sobre el patrimonio declarado por Delgado, cuya declaración patrimonial ha sido objeto de polémica por inconsistencias en la valuación de otros inmuebles, incluido un departamento en Reforma 222 inicialmente reportado con un valor muy inferior al real.
Hasta ahora, ni Mario Delgado ni Rancho Milio han ofrecido una explicación pública detallada sobre el precio del terreno o la coincidencia con la prórroga federal. Mientras no exista transparencia total, la investigación de Jorge García Orozco en Emeequis deja una pregunta inevitable: si todo fue legal, ¿por qué luce tan sospechoso?
