Tras entregarse a EEUU y presentarse ante juez de Brooklyn, exsecretario de Seguridad de Rocha acepta ser testigo colaborador
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya, fue detenido el 11 de mayo en Arizona tras entregarse en la garita de Nogales. El general retirado del Ejército, de 66 años, enfrentó su primera audiencia en Nueva York donde se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y conspiración.
Mérida es uno de los diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados el 29 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La fiscalía lo señala por recibir supuestamente más de 100 mil dólares mensuales de “Los Chapitos” a cambio de proteger laboratorios de fentanilo, filtrar operativos y facilitar el trasiego de drogas hacia EU.
Reportes periodísticos indican que Mérida habría expresado su intención de colaborar con las autoridades estadounidenses. Analistas como Joaquín López-Dóriga señalan que su entrega podría convertirlo en testigo protegido, revelando detalles sobre la red de corrupción que presuntamente involucra al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros políticos de Morena.
La acusación federal vincula directamente al círculo cercano de Rocha, incluyendo al senador Enrique Inzunza, el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega —quien también se entregó— y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Se les imputa conspirar con el Cártel de Sinaloa para el envío masivo de fentanilo, heroína y metanfetaminas.
La detención ocurre en medio de tensiones bilaterales por la corrupción en Sinaloa. Mientras el gobierno mexicano ha mantenido una postura cautelosa, la acción unilateral de EU expone presuntas fallas en la cooperación y protección a funcionarios señalados. Mérida permanece en custodia en Brooklyn.
Este caso marca un golpe a la cúpula morenista en Sinaloa y abre la posibilidad de que testimonios iniciales de Mérida aceleren investigaciones contra altos mandos. Expertos anticipan que su colaboración podría “despepitar” información clave sobre vínculos políticos con el narco, profundizando la crisis de credibilidad del partido en el estado.
