
Policías municipales de Salina Cruz, #Oaxaca, torturaron a una joven, le dieron cloro y la dejaron con daño mental irreversible
La Policía Municipal de Salina Cruz, municipio de la región del Istmo de Oaxaca, detuvo arbitrariamente a una joven en febrero y la sometió a torturas físicas y psicológicas dentro de los separos de la cárcel pública municipal, provocándole daños mentales irreversibles que hoy la mantienen desconectada de la realidad, denunció su familia.
Guillermo Díaz, abuelo de la víctima, reveló que los uniformados golpearon brutalmente a su nieta durante su reclusión. La crueldad escaló cuando la joven pidió agua: en respuesta, los policías le entregaron una mezcla de cloro y limpiador Fabuloso, cuya ingesta desencadenó la crisis psiquiátrica que padece actualmente.
“Ella vivía una vida normal, como cualquier persona. Desde que me la entregaron, las cosas ya no volvieron a ser iguales”, declaró don Guillermo, cuya familia carece de recursos económicos para solventar el tratamiento médico y psiquiátrico que la joven necesita urgentemente para intentar recuperar su salud.
La familia tampoco tiene dinero para financiar el proceso legal que una injusticia de esta magnitud exige. Enfrentan así una doble crisis: la emergencia de salud de la víctima y la necesidad de acceder a la justicia sin los medios económicos indispensables para lograrlo.

El abuelo Guillermo Díaz.
Este caso se suma a una lista de abusos documentados en la misma cárcel municipal, donde previamente fueron reportados los fallecimientos en circunstancias no esclarecidas de dos mujeres identificadas como Abigail y Tamara, antecedentes que refuerzan las denuncias contra una corporación señalada de violentar sistemáticamente a mujeres.
El patrón de abusos consolida la percepción ciudadana de que la Policía Municipal de Salina Cruz opera con total impunidad. Lejos de cumplir su función de protección, la corporación acumula señalamientos graves que organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil no deben ignorar.
Don Guillermo Díaz lanzó un llamado urgente a organizaciones de derechos humanos y a la ciudadanía en general para recibir apoyo económico y asesoría legal. Su objetivo es que los responsables de la tortura sean identificados, procesados y sancionados conforme a la ley.
El nombre de la víctima se omite por razones de seguridad y para proteger su integridad. El caso exige la intervención inmediata de autoridades estatales y federales para investigar los hechos, garantizar atención médica a la joven y evitar que este acto perverso quede impune.

