Oaxaca y/o desaparecer en la ruta del olvido: entre la impunidad, la omisión y el silencio oficial

En el mapa de Oaxaca, las carreteras ya no solo conectan regiones; ahora trazan rutas de incertidumbre y silencio. Lo que comenzó como casos aislados se ha transformado en un patrón de desapariciones colectivas que han desnudado la crisis de una entidad donde la ineficiencia institucional parece ser la norma y no la excepción.

Desde las cumbres que bordean el Valle Central hasta las llanuras del Istmo y las playas de la Costa, las familias no solo buscan a sus hijos, padres y hermanos: luchan contra un muro de opacidad levantado por la Fiscalía General del Estado (FGEO) y la Comisión Estatal de Búsqueda.

En Oaxaca, las ausencias tienen nombres, rostros y fechas que se repiten en calendarios detenidos. No son una estadística, sino ecos constantes que atraviesan carreteras, pueblos y oficinas públicas donde la respuesta suele ser la misma: esperar. Esperar mientras el tiempo se convierte en otro enemigo. Tres casos:

En el Istmo de Tehuantepec, la noche del 20 de noviembre de 2025 se tragó a cuatro traileros. Salieron en caravana desde Reynosa, confiando en la ruta y en la rutina. Nunca imaginaron que Matías Romero sería el último punto registrado de sus vidas en movimiento.

Aldher Francisco Moreno Hernández, Andrés Eloy Ramos Ceja, Juan José Pérez Hernández y Fernando Castro Morales dejaron de contestar el teléfono tras reportar su paso por un retén militar. La última pista los ubicaba cerca de una pensión vinculada a instalaciones de Pemex. Después, el vacío.

Las familias comenzaron la búsqueda casi solas. Tocaron puertas en la Fiscalía del Estado de Oaxaca y en la Comisión Estatal de Búsqueda. Dicen que encontraron escritorios vacíos, trámites lentos y una excusa que indigna: eran días de vacaciones decembrinas. El tiempo oficial no coincidía con su urgencia.

Los traileros desaparecidos.

Pasaron más de cuarenta días antes de algún indicio. Una de las pipas apareció en Matías Romero, en manos de terceros que aseguraban ser propietarios. Nunca nadie explicó cómo llegó ahí. Nadie respondió por los conductores. La otra unidad sigue perdida, como los hombres que la conducían.

El caso encendió las alarmas entre transportistas, pero no logró acelerar las investigaciones. Las fichas de búsqueda se activaron, sí, pero en el terreno —dicen los familiares— la acción fue mínima. La sospecha crece entre los parientes y el gremio: no es sólo incapacidad de las autoridades, sino desinterés institucional disfrazado de procedimiento.

Meses antes, en junio de 2025, otro grupo se desvaneció en los Valles Centrales. Cuatro comerciantes de varilla provenientes del Estado de México recorrieron Oaxaca como parte de su trabajo. Su ruta terminó abruptamente entre Ejutla de Crespo y San Martín Tilcajete.

Humberto Cruz Agustín, Joaquín Álvarez Cruz, Francisco Santos Gómez y su hijo José Santos Villafranco desaparecieron sin dejar rastro. La camioneta en la que viajaban apareció desvalijada. De ellos, nada. Solo llamadas de extorsión que nunca probaron que siguieran con vida.

La Fiscalía reconoció pronto que el caso era “complicado”. Lo que no reconoció fue la falta de resultados. Con el paso de los meses, el expediente se fue enfriando en el discurso público. Sin detenidos, sin líneas claras, sin respuestas. El silencio volvió a imponerse como forma de administración del dolor.

Las familias denunciaron incluso posibles actos de corrupción y abuso, señalando que sus familiares habrían sido extorsionados previamente. Nada se confirmó. Nada se descartó. La incertidumbre quedó suspendida como una condena prolongada, mientras el caso desaparecía también de la agenda mediática.

Los comerciantes de EdoMex.

Pero la herida más profunda es colectiva. En enero de 2025, un grupo de jóvenes salió de Oaxaca de Juárez rumbo a Puerto Escondido. Eran entre 14 y 18, según distintas versiones. Buscaban descanso o trabajo. Encontraron una trampa.

La última ubicación los situó en Río Grande, en la costa. Las autoridades hablaron de ofertas laborales falsas y posible reclutamiento por el crimen organizado. Se localizaron vehículos, pero no personas. Como si la tierra se los hubiera tragado en un punto exacto del mapa.

Entre ellos estaba Yurem de Jesús Barrios Martínez, de apenas 17 años. También jóvenes de 19, 22, 30 años. Vidas en construcción detenidas por una promesa falsa. Algunos tenían antecedentes, dijo la Fiscalía. Como si eso explicara la ausencia. Como si con ello justificara la falta de búsqueda.

A más de un año, no hay rastro. Ni vivos, ni muertos. Las familias denuncian amenazas, miedo, abandono. Algunas ni siquiera formalizaron denuncias. La desaparición no sólo borra personas: borra la confianza en las instituciones encargadas de encontrarlas.

En Oaxaca, desaparecer no es un hecho casual. Es un patrón. Uno que se repite en carreteras, en rutas comerciales, en viajes cotidianos. Y frente a ese patrón, las autoridades parecen moverse con una parsimonia que raya en la negligencia.

La Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda acumulan casos, pero no resultados proporcionales. Activan protocolos, emiten fichas, anuncian operativos. Pero en el terreno, las familias siguen siendo las que buscan, las que excavan, las que preguntan, las que no pueden detenerse.

Jóvenes desaparecidos. Iban a Puerto Escondido.

Porque detenerse es aceptar el olvido. Y en Oaxaca, el olvido parece institucionalizado. Una forma de cerrar casos sin resolverlos. Una manera de administrar la tragedia sin enfrentarla.

Mientras tanto, los nombres siguen sumándose. Las fotos siguen pegándose en postes y redes sociales. Y las preguntas —las mismas, siempre las mismas— siguen sin respuesta: ¿dónde están? ¿quién los tiene? ¿por qué nadie los busca como debería?