Oaxaca: Salomón Jara admite nepotismo “poquito” en su gobierno: 14 familiares salieron de la nómina estatal
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, confirmó que 14 familiares directos abandonaron sus puestos en la administración estatal. Tras una reciente reestructuración de gabinete, el mandatario admitió que estos parientes figuraban en la nómina pública, aunque intentó minimizar el impacto asegurando que desempeñaban funciones en áreas “de menor jerarquía”.
Esta admisión ha generado severas críticas, ya que el titular del Ejecutivo oaxaqueño sugirió que el nepotismo es tolerable si se limita a cargos secundarios. No obstante, cualquier favoritismo basado en vínculos consanguíneos dentro del servicio público erosiona la meritocracia, vulnera principios éticos fundamentales y prioriza lealtades personales sobre bienestar.
En entrevista para el espacio «Los Periodistas», Jara detalló los ajustes en su equipo de trabajo. Sin embargo, diversos sectores perciben estos cambios como una simulación política. La ciudadanía cuestiona que la reforma no alcanzó a funcionarios señalados por actos de corrupción o involucrados en delitos de orden común.
La reestructuración presentada como medida correctiva deja interrogantes sobre la contratación inicial de dichos familiares. Al no ocupar puestos clave, su presencia sugiere un uso indebido de recursos públicos para beneficiar a un círculo cercano. Esta práctica desplaza a perfiles profesionales calificados que aspiran a servir al estado legítimamente.
El caso pone de relieve una preocupante opacidad en la gestión oaxaqueña. Al reconocer un nepotismo parcial, el gobernador evade la responsabilidad plena sobre la transparencia administrativa. Los oaxaqueños demandan explicaciones claras sobre los procesos de reclutamiento y los salarios devengados, rechazando excusas que trivializan la corrupción sistémica imperante.
Este episodio contradice las promesas de honestidad y transformación impulsadas por el partido oficialista. Al tolerar prácticas nepotistas, gobernantes como Jara perpetúan los vicios del régimen que prometieron erradicar. Estas acciones socavan la credibilidad del movimiento político estatal y alimentan el cinismo de los servidores públicos ante la falta de congruencia ética.
