POLÍTICA EXPRÉS | *Tren Interoceánico: chivos expiatorios para encubrir un desastre anunciado
Con la detención del maquinista, el conductor y el despachador, la Fiscalía General de la República intenta cerrar en falso la tragedia del Tren Interoceánico. Convertir a trabajadores en culpables únicos busca tapar una cloaca mayor: un proyecto mal planeado, mal ejecutado y con contratos opacos cuyos errores hoy cobran vidas.
El descarrilamiento ocurrido en Nizanda, en la región del Istmo de Oaxaca, no fue un accidente imprevisible. Catorce personas murieron y casi cien resultaron heridas en una línea ferroviaria rehabilitada a medias, con prisas políticas y estándares técnicos cuestionables. La tragedia exhibe la fragilidad de un megaproyecto vendido como emblema de modernidad y desarrollo regional.
La versión oficial reduce todo al exceso de velocidad, apoyándose en la “caja negra”. Pero incluso si ese dato es correcto, resulta insuficiente. La pregunta central no es solo quién conducía, sino en qué condiciones se operaba: vías históricas, curvas peligrosas, pendientes extremas y una rehabilitación que nunca corrigió los riesgos estructurales conocidos.
Auditorías de la ASF han documentado, desde hace años, deficiente planeación, errores de cálculo, sobrecostos y supervisión inadecuada en el Corredor Interoceánico. Nada de eso desaparece por encarcelar a un maquinista. Al contrario, la rapidez para señalar culpables operativos contrasta con la lentitud para investigar a responsables administrativos y empresariales.
A ello se suma el uso de vagones y locomotoras de segunda mano, con décadas de antigüedad, reacondicionadas y presentadas como símbolo de modernidad. Equipo viejo circulando sobre infraestructura mal rehabilitada no es innovación: es negligencia. La modernización fue más discursiva que técnica, más propagandística que ferroviaria.
Las comunidades del Istmo y organizaciones civiles advirtieron fallas en la Línea Z: balasto insuficiente, materiales deficientes, obras mal ejecutadas. Esas voces fueron ignoradas. Hoy, tras el descarrilamiento, se confirma que no eran exageraciones, sino alertas tempranas de un modelo que priorizó contratos y tiempos políticos sobre seguridad humana.
Responsabilizar solo al “eslabón más débil” es una práctica recurrente del poder. Protege a funcionarios, constructoras y mandos que tomaron decisiones clave. También nos recuerda que en México, los errores de arriba se pagan abajo. Así, la impunidad se institucionaliza y las tragedias se repiten con nuevos nombres.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido reparación del daño y apoyos a las víctimas. Eso es necesario, pero insuficiente. La justicia no se mide en cheques, sino en verdad y responsabilidades. Sin una investigación integral e independiente del poder, que abarque diseño, construcción, contratos y supervisión, cualquier reparación será incompleta y profundamente injusta.
Si la FGR limita su investigación al factor humano, renuncia a su papel histórico. Investigar de verdad implica incomodar a la Marina, a proveedores favorecidos y a redes de poder heredadas y vigentes. No hacerlo equivale a aceptar que la corrupción mata, pero que matar no siempre tiene consecuencias para los poderosos.
El Tren Interoceánico podía ser una oportunidad para el Istmo, pero hoy es una advertencia nacional. Sin transparencia ni rendición de cuentas, los megaproyectos se convierten en monumentos al cinismo. Cerrar el caso con chivos expiatorios no honra a las víctimas: solo garantiza que la próxima tragedia ya esté en camino.
