Gobierno de Salomón Jara extingue órganos autónomos y abandona a trabajadores sin liquidación ni transparencia laboral
Mientras el gobernador Salomón Jara pide a los oaxaqueños “ratificar” su gobierno, su administración ejecuta una política regresiva: la desaparición de órganos autónomos sin respeto a la ley ni a los derechos laborales. El caso del OGAIPO exhibe un ejercicio autoritario que predica legitimidad, pero practica despojo institucional.
Desde el 11 de diciembre, el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública de Oaxaca fue eliminado de facto. A más de un mes, alrededor de 80 trabajadores permanecen despedidos y sin liquidación. La Secretaría de Finanzas alega, sin rubor, que “no hay dinero”, confirmando la improvisación y el desprecio oficial.
Las y los trabajadores denuncian que no hubo reconocimiento, diálogo ni pago. “Ni las gracias nos dieron”, relatan a reporteros locales empleados con 13 y 14 años de servicio. La supresión del órgano no solo canceló empleos, también borró trayectorias profesionales dedicadas a garantizar un derecho fundamental: la transparencia gubernamental.
El atropello es mayor porque la desaparición del OGAIPO ocurrió sin que la nueva ley haya sido publicada. Es decir, la medida carece de validez oficial. El gobierno actuó primero y legalizó después, confirmando un patrón de hechos consumados que erosiona el Estado de derecho en Oaxaca.
El edificio del organismo, ubicado en la colonia Reforma, permanece cerrado y sin actividad. Las y los exempleados señalan que fueron obligados a renunciar bajo prácticas violatorias y engañosas. Peor aún, los acuerdos pactados para su liquidación fueron incumplidos sistemáticamente por las autoridades responsables.
Tras los despidos, el comisionado Josué Solana, cuñado del secretario de Gobierno, prometió cubrir los finiquitos. Nunca cumplió. Hoy no responde llamadas ni mensajes. El silencio institucional confirma que el compromiso fue una maniobra para desactivar reclamos, no una intención real de justicia laboral.
Además de las liquidaciones, los trabajadores reclaman cerca de dos millones de pesos que habrían quedado bajo control del propio comisionado. Lejos de defenderlos, cerró toda comunicación. El mensaje es claro: en el nuevo orden gubernamental, la lealtad política pesa más que los derechos adquiridos.
El gobierno anuncia la creación de “Transparencia para el Pueblo de Oaxaca”, órgano dependiente de la Secretaría de Honestidad. Hasta hoy no hay información clara. Se elimina un ente autónomo y se sustituye por uno subordinado al Ejecutivo, mientras se deja en la indefensión a quienes lo sostuvieron.
