Fiscalía poblana usa el derecho penal para intimidar y castigar a periodista que exhibió corrupción dentro de la propia institución
La imputación contra el periodista Rodolfo Ruiz por lavado de dinero exhibe una peligrosa tendencia en Puebla: el uso del derecho penal como arma política. Artículo 19 advirtió que este proceso no sólo carece de sustento claro, sino que parece una represalia directa por las investigaciones periodísticas que incomodaron a la Fiscalía estatal.
La organización recordó que la carpeta contra Ruiz se originó hace cinco años, en la misma unidad que él exhibió por extorsionar a empresarios. Esa coincidencia, lejos de ser casual, revela un patrón de venganza institucional. Resulta alarmante que quienes fueron señalados por corrupción ahora impulsen un proceso judicial contra quien documentó sus abusos.
Artículo 19 subrayó que el trabajo de Ruiz derivó incluso en la destitución de dos fiscales, lo que fortaleció la hipótesis de represalia. Que la propia Fiscalía que él denunció haya tardado cinco años en integrar una carpeta para ahora presentarla, evidencia motivaciones ajenas a la justicia y conectadas con el castigo al escrutinio público.
La organización alertó que las autoridades recurren cada vez más a procesos judiciales para silenciar periodistas críticos. En este caso, señaló que el objetivo es provocar autocensura y castigar la labor informativa que documentó delitos cometidos por funcionarios poblanos. El mensaje es inquietante: investigar corrupción puede costar libertad y reputación.
A las irregularidades de origen se suman violaciones graves al debido proceso. Artículo 19 denunció fallas en el descubrimiento probatorio y falta de lealtad procesal, lo que vulnera garantías constitucionales y tratados internacionales. El periodista, advirtió, no ha contado con los medios suficientes para preparar adecuadamente su defensa, lo cual invalida la legitimidad del procedimiento.
La organización cuestionó además la decisión del juez Baltazar Ávalos de realizar la audiencia del 17 de diciembre a puerta cerrada. La medida, sin justificación válida, desalojó incluso a familiares y reporteros. Este acto de opacidad contradice el principio de publicidad judicial y siembra sospechas sobre la imparcialidad del proceso.
Asimismo, Artículo 19 recordó que no es la primera vez que e-consulta y su director enfrentan acoso judicial. En administraciones pasadas acumularon más de ocho procesos legales por motivos cuestionables. El patrón revela una preocupante continuidad: el poder político en Puebla ha utilizado históricamente mecanismos legales para presionar y castigar al medio crítico.
De acuerdo con la organización, sólo en los primeros siete meses del año se documentaron 51 casos de acoso judicial contra la prensa en México, siendo Puebla uno de los estados donde más se repite este patrón. La recurrencia confirma un deterioro profundo de las garantías para ejercer el periodismo sin miedo a represalias.
En su comunicado, Artículo 19 exigió que la audiencia del 23 de diciembre se realice con estricto apego a derecho, garantizando defensa adecuada, debido proceso y publicidad. También llamó a la Fiscalía de Puebla a abstenerse de utilizar el sistema penal como mecanismo de intimidación contra Ruiz ni contra e-consulta.
El caso de Rodolfo Ruiz, imputado formalmente por operaciones con recursos de procedencia ilícita, expone una grave amenaza para la libertad de expresión en Puebla. Medidas como la prohibición de salir del estado y la firma periódica, impuestas sin pruebas claras, confirman que la justicia puede convertirse en herramienta de censura institucional.
