Aumentan 81.8% las desapariciones en Oaxaca; gobierno de Jara, indolente ante el fenómeno, acusan familias
Oaxaca cerrará el año con 760 personas desaparecidas y no localizadas, una cifra que contradice abiertamente el discurso oficial sobre supuestos avances en seguridad. Este acumulado, documentado por la Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, expone un incremento alarmante que el gobierno estatal intenta minimizar sin explicar las causas reales.
Según Red Lupa, los 760 casos representan un aumento del 81.8% respecto a la administración anterior, un dato contundente que desmiente la narrativa gubernamental de estabilidad. Mientras el gobierno presume tasas bajas por habitante y altos porcentajes de localización, las organizaciones civiles advierten subregistro y omisiones sistemáticas.
La administración de Salomón Jara Cruz insiste en que Oaxaca mantiene indicadores favorables frente al resto del país. Sin embargo, los datos del RNPDNO muestran un crecimiento sostenido de desapariciones en casi todas las regiones. Las cifras oficiales se contraponen a los testimonios de familias que enfrentan omisiones, retrasos y poca transparencia institucional.
Los reportes independientes señalan que los Valles Centrales concentran el 35% de los casos, siendo Oaxaca de Juárez el municipio con mayor número de personas no localizadas. Esta región, donde el gobierno estatal tiene mayor presencia institucional, muestra una realidad que difícilmente puede ocultarse bajo argumentaciones estadísticas.
Otras zonas como la Cuenca del Papaloapan y la Costa también presentan incrementos significativos. En esta última, organizaciones civiles atribuyen la tendencia a la operación de grupos delictivos y al reclutamiento forzado de jóvenes locales y turistas. Pese a ello, el gobierno opta por destacar cifras parciales sin reconocer la dimensión del fenómeno.
La Costa se ha convertido en un foco creciente de desapariciones grupales, particularmente en municipios turísticos como Puerto Escondido y Huatulco. Entre 2024 y 2025, se reportaron desapariciones simultáneas de jóvenes de otros estados, principalmente Tlaxcala. Estos episodios contrastan con el discurso oficial que presume seguridad para el turismo.
El perfil de las víctimas también revela una problemática grave: el 64% son hombres, 35% mujeres y 18% menores de edad. La desaparición de niñas y adolescentes concentra porcentajes crecientes, lo que organizaciones como Consorcio Oaxaca vinculan a trata, explotación y violencia de género. El gobierno ha evitado profundizar en estas tendencias.
Solo entre enero y mayo de 2025, se registraron al menos 27 nuevos casos, pese a que la administración estatal asegura avances sustanciales. Las familias señalan falta de coordinación entre la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda y las autoridades municipales, lo que prolonga la incertidumbre y favorece el silencio oficial.
Las organizaciones civiles advierten que el subregistro podría ser mayor debido a la renuencia de las autoridades a transparentar datos completos y actualizados. La insistencia oficial en promover cifras favorables contrasta con testimonios de colectivos de búsqueda, quienes denuncian que la administración privilegia la imagen pública sobre la atención real.
Mientras el gobierno estatal difunde la narrativa de que Oaxaca es una entidad con baja incidencia de desapariciones, la realidad documentada muestra un incremento sostenido, regiones críticas y perfiles de víctimas cada vez más jóvenes. La brecha entre discurso y hechos crece, dejando a cientos de familias atrapadas entre la incertidumbre y la indiferencia institucional.
