Gobierno morenista de Tequila, Jalisco, expropia Nueva Destilería Cuervo por negarse a pagar 20 veces más de predial
El gobierno municipal de Tequila, Jalisco, encabezado por el alcalde morenista Diego Rivera Navarro, decretó la expropiación de la Nueva Destilería de la icónica marca Tequila Cuervo. Esta medida se tomó tras una disputa fiscal que escaló rápidamente, afectando a una de las empresas emblemáticas de la industria tequilera mexicana. La acción ha generado controversia nacional por su impacto en el patrimonio cultural y económico del pueblo mágico.
El conflicto surgió cuando el ayuntamiento propuso un aumento drástico en el impuesto predial de la destilería, pasando de un millón a 20 millones de pesos anuales. La compañía, propiedad de Beam Suntory, se negó mediante un amparo judicial, argumentando arbitrariedad en la valoración catastral. El alcalde justificó la medida como necesaria para cubrir deudas municipales y equilibrar la carga fiscal entre grandes empresas y pequeños contribuyentes.
La expropiación se formalizó este 8 de diciembre, con el argumento de utilidad pública para fines turísticos y culturales. Fuentes oficiales indican que el terreno será destinado a proyectos comunitarios, aunque críticos lo ven como una venganza política. Cuervo, que genera miles de empleos y exporta globalmente, enfrenta ahora incertidumbre operativa en su planta principal.
En redes sociales, la noticia explotó con indignación generalizada, etiquetando al gobierno de arbitrario y vengativo. Usuarios compartieron videos y memes denunciando el abuso de poder, mientras defensores del alcalde alaban la equidad fiscal. La empresa no ha emitido un comunicado oficial, pero trascendió que denunciará el caso en instancias internacionales por violación a tratados de inversión.
Este caso revive tensiones previas en Tequila, como la clausura del Museo Nacional de Tequila por el INAH, atribuida al mismo alcalde Rivera Navarro por persecución política. Analistas advierten riesgos para la industria tequilera, que representa 2% del PIB jalisciense, y para las inversiones en México, llaman a reformas fiscales transparentes y justas para evitar más conflictos entre autoridades y empresarios.
